Pese a estar catalogada como una violación “grave” a los Derechos Humanos, la instancia legal universitaria sigue acumulando antecedentes a raíz de los crecientes daños físicos producidos por el uso arbitrario e indiscriminado de balines y perdigones por parte de Carabineros para reprimir a los manifestantes.
Suman 23 los fallecidos en casi un mes de manifestaciones en Bolivia, según un último balance de la CIDH, que también denunció como “grave” un decreto del gobierno interino que autoriza a los militares a controlar el orden público a la vez que les exime de responsabilidades penales.
Carabineros, a través de un comunicado, señaló que los perdigones usados por la institución son de goma y que ello está certificado por su proveedor. Es la respuesta de la institución al informe de la Universidad de Chile que señalara que tales proyectiles solo contienen un 20 por ciento de caucho.
La muerte de Abel Acuña en las inmediaciones de Plaza Baquedano y por la que se responsabiliza a Carabineros debido a que habrían impedido una correcta atención médica que pudiera salvar la vida del hombre de 29 años, provocó la reacción de los diputados y diputadas de ese partido que exigen que el General Director de Carabineros deje su cargo.
La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile llevó a cabo un análisis para la Unidad de Trauma Ocular del Hospital El Salvador, concluyendo que solo un quinto de su composición es de caucho y el 80 por ciento restante corresponden a otros materiales.
Así de tajante fue el vocero de la Coordinadora No más AFP, al ser consultado sobre el acuerdo alcanzado por los partidos políticos para impulsar una carta fundamental y las acciones protestas en el contexto de la crisis social que tiene entre sus demandas cambiar el actual sistema de pensiones en Chile.
La Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Confedeprus) condenó enérgicamente las acciones represivas de carabineros y el uso de gases lacrimógenos en las inmediaciones y al interior de recintos asistenciales de todo el país.
Estudiantes, trabajadoras, egresadas, jubiladas y la ciudadanía en general se dio cita este miércoles en la Casa Central de la Universidad de Chile para debatir y reflexionar sobre el momento histórico que vive el país, siendo parte de la jornada el proceso para cambiar la Constitución.
El documento, elaborado por la Fundación Datos Protegidos y el Observatorio del Derecho a la Comunicación, por ahora se refiere solo al período de estado de excepción y da cuenta de situaciones de obstrucción en el acceso a la información pública, bloqueo de cuentas en redes sociales, agresiones a comunicadores y casos de presión sobre medios de comunicación, entre otras vulneraciones a la garantía del derecho a la libertad de expresión.
Diversas organizaciones sociales, portuarias, educacionales, servicios públicos, de salud, construcción, minería, entre otros, llevaron a cabo durante este martes una paralización total de actividades en el marco del estallido social que se vive en todo Chile.
El silencio ha primado en La Moneda ante las acusaciones que han surgido desde diversas instituciones y la grave situación en que se encuentran más de 200 personas que han sido víctimas de agresiones por parte de agentes del Estado. Las prioridades del Ejecutivo están claras y así lo enfatizó la subsecretaria de DD.HH., Lorena Recabarren: “El compromiso irrestricto es con la seguridad pública”, aseguró.
Este miércoles parte el esperado Juicio Oral llevado contra la autoridad ancestral mapuche, quien junto al Werkén Álvaro Millalén, permanecen desde agosto del año pasado en prisión preventiva sin poder probar su inocencia en los delitos imputados. El abogado defensor, Rodrigo Román, aseveró que existe una persecución política contra ellos.
Así lo expresó el representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, al comentar el anuncio realizado por el alto mando de Carabineros sobre el uso “acotado” de escopetas antidisturbios.
Así lo manifestó el máximo representante de nuestra casa de estudios quien, junto a su par de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, expresó su extrema preocupación por los múltiples casos de mutilación ocular perpetrados por la policía uniformada en contra jóvenes manifestantes.
“Yo recuerdo un caso del año 2011, se discutió mucho esta misma situación por el tema de las lacrimógenas, que se prohibieron por un tiempo y finalmente derivó en más violencia”, aseguró el secretario de Estado.
