La Justicia australiana desestimó el intento final de la exagente de la DINA para evitar su traslado, en un fallo calificado como “histórico” por las familias de las víctimas.
La académica de la U. de Chile advirtió que la salida de profesionales clave —ingresadas por Alta Dirección Pública— compromete la seguridad de archivos sensibles. “¿Cómo confiar en que los datos sean asegurados?”, cuestionó.
A la luz del desmantelamiento del Plan Nacional de Búsqueda y la reversión de la expropiación de Colonia Dignidad, Daniela Quintanilla aseguró que no hay un compromiso claro del Ejecutivo por dar continuidad a las políticas de derechos humanos.
El Núcleo de Memorias de la Facultad de Comunicación e Imagen advirtió que la salida de funcionarios pone en riesgo la continuidad de una política de Estado que maneja datos sensibles y compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos.
La hija de Fernando Ortiz, dirigente comunista detenido desaparecido en dictadura, abordó la reciente audiencia realizada en Australia y señaló que las familias mantienen expectativa ante el fallo del juez, tras doce años de gestiones judiciales.
En entrevista con la Asociación de Radio Difusores de Chile el Mandatario señaló que analizará todos los casos que se presenten formalmente. Tras ejercer esta atribución constitucional, buscará reemplazarla por un órgano colegiado.
La integrante de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad aseguró que la tasación de los terrenos, realizada durante el gobierno anterior, fue poco transparente. Por ello, consideró que el proceso debería repetirse.
Frente a la decisión del Presidente Kast de dar marcha atrás a la expropiación, la vocera de la cancillería alemana sostuvo que el “esclarecimiento de los crímenes” cometidos en ese lugar sigue “siendo una preocupación” para el gobierno federal.
En una nueva conmemoración del asesinato de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, dirigentes manifestaron su preocupación por el rumbo del país y el eventual indulto para criminales de lesa humanidad.
La integrante de la organización, Gricel González, cuestionó el que todavía no se desarrollen las diligencias. La activista argumentó que se cuenta con más de 20 testimonios de vecinos que vieron actuar a agentes de la dictadura en el lugar.
Cerca de 20 organizaciones acusan incertidumbre financiera y advierten efectos en el trabajo con comunidades, colegios y la preservación de espacios de memoria. En paralelo, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende suspendió sus actividades.
El Presidente José Antonio Kast revisaría el caso del militar José Santiago Faúndez: uno de los tres agentes estatales condenados por el asesinato de Veloz. Adriana Rojas señaló que su madre recibió la noticia con “rabia, tristeza y miedo”.
Un informe revelado por CIPER detalla testimonios de civiles y expolicías que presenciaron cómo camiones militares arrojaban cuerpos en el recinto de avenida Departamental tras el Golpe de Estado de 1973.
Las representantes de las organizaciones manifestaron su preocupación por el retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos, la falta de urgencia al Plan de Búsqueda y proyectos que, afirmaron, favorecen la impunidad.
La convocatoria invita a que personas, organizaciones e instituciones presenten candidaturas a la octava versión del reconocimiento. El plazo concluye el lunes 11 de mayo de 2026.
