Para el abogado Francisco Bustos es una situación preocupante que debería ser una prioridad para las autoridades, además que desafían a los tribunales de justicia, Carabineros y a la PDI. “Representa una falta grave a los deberes estatales”, destacó.
El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte dejó ayer sujetos a las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima a los exmilitares L.A.R.C., S.A.A.V. y J.L.R.A., imputados como autores del delito de apremios ilegítimos.
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, declaró que “hay antecedentes suficientes que justifican tanto el delito de malversación de caudales públicos como el delito de cohecho” y la participación del exedil en los hechos.
El jefe de bancada del PS, Daniel Manouchehri, afirmó que la acción responde a que “la gente está cansada de que estos delitos terminen en clases de ética”. “Esperamos que se pueda investigar a fondo y los responsables terminen en la cárcel”, dijo.
La funcionaria municipal habría traspasado, desde marzo del 2022, más de mil millones de pesos, entre otros, a dos familiares del máximo jefe comunal. Por lo mismo, la Fiscalía de San Antonio decretó una orden de detención contra el edil.
El senador Juan Luis Castro señaló que la respuesta del máximo tribunal de justicia “coloca nuevamente las cosas en su lugar”. Por su lado, la diputada Ana María Gazmuri dijo que las aseguradoras de salud no pueden seguir con su actual diseño.
La defensa de Juan Carlos Reinao presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Concepción para solicitar que se revoque la máxima cautelar contra el acusado y que se resuelva “su inmediata libertad”.
El exfiscal afirmó que “estos casos se terminan convirtiendo en un gran desafío para el conjunto del sistema de demostrar que ha alcanzado cierta madurez, cierta fortaleza, que no se tuvo en el caso Penta para poder condenar”.
La abogada admitió haber guardado el registro para tener un respaldo de la conversación y para entregar dicha información al exsocio del empresario Daniel Sauer, Rodrigo Topelberg.
Mientras la oposición cuestiona otorgar más facultades de control ante la presencia de funcionarios “corruptos” en la institución, el ministro Marcel lamentó el nulo avance en proyectos que regulan al sistema financiero y evitarían estos hechos.
Abogados penalistas respondieron al cuestionado Luis Hermosilla, quien ayer aseguró que la grabación difundida por Ciper es ilegal. Sin embargo, sus colegas le respondieron que el audio es lícito y que puede usarse como evidencia en un juicio.
La presidenta del PS señaló que no recuerda “una situación de esta envergadura en materia jurídica, judicial y de escuchar cómo una persona con la trayectoria que tiene Luis Hermosilla, no solo planifica cómo cometer delitos sino que lo señala”.
Con respaldos del Partido Republicano y descuelgues del Partido Comunista, la Corporación visó trece de las catorce propuestas del Ejecutivo. En respuesta, RN y la UDI anunciaron el ingreso de un nuevo proyecto para reponer las penas de presidio.
La instancia evacuó con observación positiva once de catorce propuestas del Ejecutivo. Considerando el pronunciamiento, este miércoles la Sala tendrá que visar las indicaciones en medio de las últimas definiciones de las colectividades.
El edil de la Región del Biobío, Juan Carlos Reinao, habría cometido los ilícitos entre 2006 y 2020 en contra de cinco víctimas, dos de ellas menores de edad al momento de sufrir los delitos.
