El parlamento de Argentina volverá a debatir un proyecto de ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), un triunfo de la presión ejercida por la campaña de “pañuelos verdes” y en cumplimiento de una promesa del presidente Alberto Fernández.
La campaña de la Mesa de Acción por Aborto promueve instaurar derechos sexuales, reproductivos y el aborto en una Nueva Constitución.
Organizaciones sociales han iniciado por su cuenta formas de difundir información. También de entregar colaboración a quienes, producto de la emergencia sanitaria, han enfrentado dificultades para acceder a atenciones vinculadas a esta materia.
El presidente argentino concluyó su gira en Europa con una conferencia en el prestigioso Instituto de Sciences Po de París en la que desmintió que no tuviera plan económico para Argentina. “No es verdad que no tenemos un plan. Es verdad que no lo contamos y no lo contamos porque estamos en plena negociación. Y contarlo sería descubrir las cartas, dijo Fernández.
La Asamblea Nacional ecuatoriana votó el martes en contra de la despenalización del aborto para todos los casos de violación, incluido por incesto, y por malformación del feto. La decisión provocó violentos choques en las inmediaciones de la Asamblea.
Un Monitoreo evidenció que en la red de atención de salud la implementación de la política pública muestra graves falencias y omisiones que impiden que las niñas, adolescentes y mujeres puedan hacer uso de la ley.
En apoyo a la presentación del Proyecto de Irrupción Legal del Embarazo por octava vez en el congreso argentino, la Mesa de Acción por el Aborto en Chile prepara un pañuelazo frente al consulado del país trasandino. Al respecto, la vocera de dicha mesa, Gloria Maira, aseguró a este medio que un proyecto de dicha magnitud seguramente no contaría con los votos en Chile.
En el 2018, después de cinco meses de intensas manifestaciones y debates entre pañuelos verdes y azules, el Congreso argentino rechazó la Ley que despenalizaría el aborto. Este martes, el mismo proyecto de ley, ligeramente modificado, vuelve a presentarse ante el Parlamento.
La justicia salvadoreña conmutó las penas a 30 años de prisión de tres mujeres condenadas bajo la severa ley antiaborto de El Salvador, con lo cual pudieron recuperar su libertad.
En los 12 primeros meses desde que se implementó la normativa sobre interrupción del embarazo por razones definidas, se registraron 533 procedimientos en total.
En la Sala Master de Radio Universidad de Chile fue presentado este martes el corto documental “Que sea ley: la revolución de las pibas”, realizado por la periodista María José Gaona. La producción relata lo sucedido en Argentina, antes, durante y después de la votación del proyecto de despenalización del aborto en este país.
El registro, que será presentado en la Sala Master de Radio Universidad de Chile, aborda la vigilia desarrollada en las calles bonaerenses el pasado 8 de agosto, día en que el Senado argentino votó en contra de la despenalización del aborto en el vecino país.
El proyecto busca despenalizar la práctica del aborto (no legalizarlo), para que las mujeres que opten por interrumpir su embarazo antes de las 14 semanas, no deban ir a la cárcel.
La fundadora de la corporación Miles subraya la idea de que la agenda valórica nacional poco a poco se va liberalizando. Asimismo, cree que es urgente legislar para evitar la propagación de grupos que inciten al odio, como los mismos que apuñalaron a tres mujeres en la última marcha en favor del aborto.
Con 38 votos en contra y 31 a favor, el senado argentino rechazó la iniciativa que había sido aprobada con anterioridad en la Cámara de Diputados. Ahora quienes se expresaron a favor del proyecto deberán esperar hasta 2019 para reponerlo en el Parlamento.
En conversación con nuestro medio, la diputada del Frente Amplio comentó el espíritu que se vive en las calles mientras en el parlamento se debate sobre el proyecto de aborto libre.
El diputado UDI se refirió al requerimiento que presentarán ante el Tribunal Constitucional, y que tiene por finalidad revertir el dictamen de la Contraloría que declaró ilegal el protocolo que presentó el gobierno, en el contexto de la ley de despenalización del aborto en tres causales.
