Por cuatro votos contra uno, los diputados miembros de la comisión encargada de revisar el mérito de la acusación constitucional a los ministros Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, aprobaron el informe que será revisado por la sala durante la tarde y noche de este jueves.
El ex presidente del máximo tribunal y el actual ministro de la institución argumentaron que el camino que ha tomado la oposición al respecto podría entorpecer los procesos de derechos humanos.
En conversación con Radio Universidad de Chile, la diputada comunista se refirió al intento de la UDI por inhabilitarla de la acusación constitucional contra los jueces que otorgaron libertad condicional a siete criminales de lesa humanidad. La parlamentaria aseguró que ha recibido apoyo, incluso, desde sectores de Chile Vamos.
De prosperar la idea del partido oficialista, la acusación constitucional no cumpliría con los requisitos de forma y se daría por no presentada, pues no tendría el número mínimo de firmas patrocinantes.
El presidente del máximo tribunal del país expresó en su discurso ante los nuevos abogados que tomaron juramento ante el Pleno, su inquietud respecto de las consecuencias de la acusación constitucional a los ministros de la sala penal. “Cada uno de estos poderes puede actuar solo en las materias propias de su área, lo que también puede decirse afirmando que no es lícito que alguno de estos poderes intervenga en la cuestiones que privativamente han sido encomendadas a otro”.
Esto, después de que el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se reuniera con el Presidente Sebastián Piñera en el Palacio de La Moneda.
La Comisión Política de la colectividad recomendó a sus congresistas rechazar la acusación constitucional contra los jueces que otorgaron libertad condicional a criminales de lesa humanidad, sin embargo, la oposición confía en que los legisladores honren el compromiso adoptado por los parlamentarios de la entidad.
Parlamentarios de todas las bancadas de la oposición presentaron este miércoles la acusación constitucional en contra de tres de los ministros de la Sala Penal del Máximo Tribunal. La acción se da luego del otorgamiento de libertad condicional a siete condenados por crímenes de lesa humanidad. Desde el Ejecutivo salieron a criticar la medida, asegurando que con ésta se afecta gravemente el Estado de Derecho.
A través de un comunicado, la máxima institución del poder judicial en nuestro país aseguró que se está dañando el estado de derecho con la posible intervención de los parlamentarios.
El ministro del interior afirmó que la iniciativa afecta la institucionalidad y la democracia del país.
La acusación constitucional en contra del ministro de Salud ni siquiera se debatió, pues fue aprobada la cuestión previa planteada por el democratacristiano Jorge Correa Sutil. La celebración del oficialismo acaparó las luces de la prensa, mientras un diputado del Partido Socialista calificó el actuar del Frente Amplio de amateurismo político.
Los cinco miembros de la comisión deben elaborar un informe que determine la procedencia de la acusación constitucional. Luego de ello, el ministro Santelices debe contestar a ese informe en un plazo de diez días.
