El abogado explicó que la Carta Fundamental solo permite convocar a este mecanismo si el Congreso aprueba una reforma que luego es rechazada por el Presidente, un escenario distinto al eventual rechazo de la iniciativa del Gobierno.
El jefe de bancada del Partido Republicano subrayó que la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo no es “simbólica” y llamó a no “magnificar” las diferencias dentro del oficialismo.
En la ceremonia realizada en La Moneda, el Jefe de Estado aseguró que la crisis de seguridad “excede por largo un solo gobierno” y destacó los avances en materia de homicidios, secuestros y decomiso de drogas en su administración.
El paquete de medidas contempla más de 30 proyectos de ley, entre los que se incluye una reforma constitucional. Desde el progresismo cuestionaron que el Ejecutivo mezcle el combate al crimen organizado con medidas para enfrentar el vandalismo.
El proyecto de ley busca revertir la caída de la dotación de carabineros e incluye mejoras en equipamiento, tecnología y control de gestión. “Los queremos mejor preparados, mejor equipados y mejor protegidos”, destacó el ministro Arrau.
Tras su cita con el fiscal nacional, Ángel Valencia, el titular de Seguridad abordó la agenda legislativa de su cartera y señaló que impulsarán “más de 20 proyectos”. “El Presidente Kast anunciará algunos en la Cuenta Pública”, declaró.
Expertos y parlamentarios cuestionan la falta de criterios explícitos en la reducción de recursos. Además, alertan posibles efectos en la confianza pública y la capacidad preventiva, en medio de un contexto marcado por la alta preocupación ciudadana.
En relación al libelo en contra de la ministra Tohá, la subsecretaria general de Gobierno aseguró que, aunque las acusaciones constitucionales son una atribución del Congreso, le preocupa que esta materia se ocupe para la confrontación política.
El parlamentario abordó el acuerdo entre el Gobierno y el Congreso Nacional que prioriza una nueva agenda de seguridad. Además, se refirió a proyectos principales de este fast track legislativo, como el que mejora el Sistema Nacional de Inteligencia.
Los parlamentarios instaron a incorporar el proyecto de ley que tipifica como delito el ingreso clandestino a nuestro país. En ese sentido, el diputado Schalper aseguró que cooperarán, “pero por supuesto, haciendo sentir la voz de las víctimas”.
Mientras el ministro Marcel abordó los detalles del fast track legislativo sobre la política económica, Álvaro Elizalde recalcó que iniciativas como el Pacto Fiscal, la agenda de seguridad y la reforma de pensiones son prioritarias.
Si bien el académico UDP señaló que contextos como los que vive hoy el país requieren un “trabajo operativo de todo el aparato estatal”, advirtió que la reacción del Parlamento frente al atentado en Cañete puede resultar en “legislaciones muy malas”.
La parlamentaria cuestionó la rapidez para legislar en los últimos días. Aunque reconoció la necesidad de actualizar la Ley Antiterrorista, entre otras, apuntó a la falta de tiempo para discutir de mejor manera en particular dicho proyecto.
La decisión se adoptó luego de que la Corporación suspendiera la semana distrital tras los homicidios de los tres carabineros en Cañete. Las RUF buscan establecer normas generales sobre el uso de la fuerza para las policías y Fuerzas Armadas.
El parlamentario llamó al Ejecutivo a adoptar una “actitud colaborativa” para sumar las correcciones realizadas en el Congreso Nacional a los proyectos de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), Infraestructura Crítica y Sistema Nacional de Inteligencia.
Tanto el Gobierno como los representantes de la Cámara Alta coincidieron en agilizar la discusión por la Ley de Infraestructura Crítica y RUF. En pensiones, concordaron despachar el proyecto del Ejecutivo desde la Comisión de Trabajo antes de mayo.
Tras 14 años de tramitación, la iniciativa fue aprobada durante el 2023 dentro de la agenda de seguridad priorizada por el Ejecutivo. Esta establece una modernización en los criterios de procedimiento y modifica infracciones, entre otros puntos.
