La medida responde a obras destinadas a mejorar la eficiencia hídrica y la resiliencia de la infraestructura sanitaria en la región.
La nueva medida no afectaría a las familias calificadas en extrema pobreza, las que pueden acceder a la subvención del 100% de la cuenta del agua. No obstante, el cambio hará que más de 350 mil hogares vulnerables se vean afectados.
En concreto, se trata de contenedores con una capacidad de mil 300 litros que serán repartidos entre distintas municipalidades de las regiones de Biobío y La Araucanía para enfrentar la emergencia.
La autoridad afirmó que las amenazas están dirigidas a un nuevo proveedor de camiones que garantiza entrega de agua a precio justo para las comunidades.
La medida presentada por cuatro organizaciones chilenas busca que Suez sea sancionada por el incumplimiento de la ley de “deber de vigilancia” y aplique correcciones que eviten un nuevo episodio como el ocurrido en 2019.
Las acusaciones dadas a conocer dicen relación con episodios de muy baja presión, mala calidad, olor y turbiedad en el agua del suministro que entrega la Cooperativa de Servicios Sanitarios de Carelmapu.
El vocero nacional de Modatima y Premio Internacional de DDHH se refirió a la cruda situación que enfrentan miles de personas que, en medio de la pandemia, carecen de acceso a agua potable. “Éste debe ser un momento de inflexión para no volver al orden actual”, reflexionó en medio de la contingencia.
En la actualidad, algunos de los habitantes de las localidades ubicadas en la Región de Valparaíso reciben menos de 50 litros diarios por persona, que es el mínimo recomendado por la OMS.
Sumado a esto, la junta de vecinos asegura que los propietarios del condominio Santa Augusta continúan llegando masivamente a localidad y que han acaparado el stock de vacunas contra la influenza de la posta rural.
Constantes episodios de contaminación del agua potable durante todo el 2019 llevaron a los vecinos de dicha localidad a presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Después de cinco días sin tener acceso al recurso hídrico, los habitantes de la localidad de la región de Los Lagos, manifestaron su rechazo a como el municipio ha conducido la emergencia y la constante falta de inversión en las plantas purificadoras a cargo de la administración comunal.
Más de 80 mil personas de la comuna de Chiguayante se mantienen sin suministro desde la mañana de este sábado debido a una falla en una de las tuberías principales que conduce el agua potable a los estanques de distribución.
La empresa informó esta mañana que el corte de agua potable en la comuna se extenderá por aproximadamente 15 horas. Esta es la segunda interrupción del servicio que enfrenta la sanitaria esta semana, luego de que el viernes cerca de 20 mil clientes del sector norte de Los Ángeles enfrentaran una situación similar por cerca de 10 horas.
Fue el superintendente (s) de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, quien hizo el anuncio, asegurando que son varias las faltas que la empresa cometió.
A la crisis sanitaria que afecta a la población local, ahora se suman los comerciantes de la ciudad, quienes anunciaron la presentación de una demanda en contra de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A (ESSAL).
El gerente general de la empresa señaló que por los próximos 60 días los clientes no tendrán que pagar por el consumo de agua ni el tratamiento de aguas servidas. Es decir, la sanción de 10 veces el tiempo que se cortó el suministro -en este caso seis días- que establece la ley.
“Mientras no tengamos esa certeza, no vamos a poner esa agua en esas redes (…) si el agua va a llegar es porque es perfectamente potable, porque de otra forma no se va a inyectar agua a la red”, aseguró el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.
