Por su parte, el diputado integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Félix González, destacó el operativo realizado este miércoles, pero mostró preocupación ante la idea de que efectivamente el asesinato haya sido orquestado desde Venezuela.
En medio de la molestia de legisladores y del propio fiscal nacional, el Ejecutivo enfatizó que la rebaja pareja a todos los subtítulos presupuestarios fue acordado con el Congreso Nacional. “El ajuste fue mandatado por ley”, dijo el ministro Marcel.
El fiscal nacional aseguró que se trata de un mecanismo especialmente desarrollado para defensores del medio ambiente. “Nos impusimos nosotros mismos un estándar más severo y más estricto para la búsqueda de la señora Julia”, dijo Valencia.
Además de acusar a Claudia Perivancich de no realizar diligencias, la también querellante del proceso emplazó al fiscal nacional, Ángel Valencia, para que le de prioridad a indagatorias sobre asuntos que tienen como involucrados a exautoridades.
En tanto, funcionarios y fiscales del Ministerio Público cuestionaron el comunicado de la Fiscalía Nacional y declaran no avalar defensas corporativas a Valencia. “Se debe velar por la institucionalidad y no por personas en particular”, subrayaron.
La acción responde a un recurso de protección presentado por Juan Pablo Hermosilla, en el que afirma que el fiscal Valencia comprometió entregar información al exministro Chadwick sobre eventuales diligencias contra el expresidente Piñera.
El abogado Juan Pablo Hermosilla expuso que el jefe del Ministerio Público le habría asegurado a su representado y a Chadwick, que “cualquier diligencia que pudiese afectar al presidente Piñera les sería informada antes de que se hiciera pública”.
El abogado Juan Pablo Hermosilla anunció anoche que en 10 días revelará los chats de su hermano Luis Hermosilla con los fiscales y jueces que le pidieron favores.
La ministra enfatizó que si llegase a haber sospechas fundadas que involucren a alguna autoridad, se deberá investigar, “pero no podemos permitir que ahora se amenace y se inhabilite a todo el mundo porque alguna vez conversó con Hermosilla”.
El jefe del Ministerio Público aseguró que no entregó ninguna información en el encuentro y mostró disposición a inhabilitarse en casos relacionados con la defensa del ex ministro del Interior. Mientras, diputados del oficialismo piden su renuncia.
La Fiscalía Oriente confirmó que hará entrega del contenido del celular del abogado investigado a su defensa, es decir, más de 777 mil páginas, tal como había solicitado Juan Pablo Hermosilla, lo que se materializaría el próximo 4 de septiembre.
La Fiscalía admitió haber estado al tanto de estas conversaciones y se precisó que éstas fueron previas a que los persecutores asumieran sus actuales cargos. Se garantizó, además, que el “caso Audios” se desarrolló con la máxima “rigurosidad”.
La autoridad del Ministerio del Interior se refirió a los “cuatro o cinco” jefes comunales de la Región Metropolitana que han recibido intimidaciones de parte de grupos criminales. Además, abordó el operativo realizado en la toma “El Sueño de Todos”.
El principal objetivo de este acuerdo es agilizar y hacer más oportuna la entrega de información desde los bancos a los fiscales del Ministerio Público, especialmente, en casos urgentes y calificados.
La experta en derechos humanos afirmó que Chile enfrenta una situación en donde falta una defensa firme de la independencia de los poderes del Estado. “Existe un ataque certero contra algunos fiscales y jueces de nuestro país”, cuestionó.
La máxima autoridad del Ministerio Público reconoció que corresponde “hacer una autocrítica” respecto a la decisión que cambió la medida cautelar de prisión preventiva a cinco miembros del Tren de Aragua por arresto domiciliario.
Por el momento no está contemplada una reunión con el fiscal nacional Ángel Valencia y con el jefe del equipo ECOH metropolitano, Héctor Barros, quien está a cargo de la indagatoria por el crimen del exmilitar venezolano y refugiado en Chile.
