La comparecencia del otrora titular de Interior estuvo enfocada en su presunta participación en las gestiones para obtener permisos para el proyecto Parque Capital desarrollado por el Grupo Patio, por el que Álvaro Jalaff también es investigado.
Los magistrados solicitaron la realización de sumarios administrativos, luego de haber sido mencionados en una lista de personas que mantuvieron contacto con Luis Hermosilla. La ministra Chevesich señaló que no hay que temerle a estos procesos.
Tras el listado que dio a conocer el abogado Juan Pablo Hermosilla, el presidente del gremio de persecutores explicó que las conversaciones entre los intervinientes de las causas son habituales y rechazó las filtraciones a la prensa.
Juan Pablo Hermosilla expuso los nombres de los persecutores y los ministros de la Corte que conversaron con su representado acerca de distintas causas judiciales o, en el caso de los jueces, sobre nombramientos en el Poder Judicial.
La diputada oficialista destacó que es “preocupante” que el expersecutor haya “favorecido a altos cargos y empresarios en detrimento de la probidad y la transparencia que se espera en el ejercicio de la función pública”.
Querellantes del caso Audios apuntan a que la estrategia de la defensa buscaría “ocultar a quienes realmente están hundidos en el pantano de la corrupción”. En tanto, la Asociación de Fiscales expuso que lo que se diga puede “ser falso o impreciso”.
En tanto, funcionarios y fiscales del Ministerio Público cuestionaron el comunicado de la Fiscalía Nacional y declaran no avalar defensas corporativas a Valencia. “Se debe velar por la institucionalidad y no por personas en particular”, subrayaron.
El abogado Juan Pablo Hermosilla expuso que el jefe del Ministerio Público le habría asegurado a su representado y a Chadwick, que “cualquier diligencia que pudiese afectar al presidente Piñera les sería informada antes de que se hiciera pública”.
La querellante de la causa se refirió también a la acción interpuesta por el CDE contra el abogado Luis Hermosilla y el exfiscal Manuel Guerra. “Esto ha tenido repercusiones en casos como Penta, Dominga, Exalmar y Raúl Torrealba”, afirmó.
El Ministerio Público abrió una investigación tras la denuncia de seguimiento presentada por la fiscal regional, Lorena Parra. “Debe ser una prioridad proteger a quienes buscan hacer justicia”, dijo la diputada y querellante, Daniella Cicardini.
El militante de la DC cuestionó a los parlamentarios que comprometieron su apoyo a la acusación, pero finalmente votaron en contra o se abstuvieron. Mientras, la defensa del juez, Luciano Fouillioux, descartó una inferencia del abogado.
El libelo impulsado por la DC contaba inicialmente con respaldo transversal, pero la situación cambió esta misma mañana. Los partidos de oposición acordaron votar en contra, por considerar que la acción no tenía mérito suficiente.
Con 131 votos a favor, una abstención y cero en contra, se acogió la admisibilidad del libelo acusatorio. Así, la exmagistrada arriesga a quedar inhabilitada para ejercer cargos públicos por cinco años.
El exlíder del Ministerio Público se declaró molesto por el daño que se haciendo a la imagen de Fiscalía. En esa misma línea, planteó que nunca se imaginó que Guerra “no estuviera cumpliendo con los estándares más básicos que deben regir a un fiscal”
El presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, declaró ante el pleno que la jueza “incurrió en un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura”.
El jefe del Ministerio Público aseguró que no entregó ninguna información en el encuentro y mostró disposición a inhabilitarse en casos relacionados con la defensa del ex ministro del Interior. Mientras, diputados del oficialismo piden su renuncia.
La integrante de la Comisión de Educación destacó que la propuesta que busca el fin del CAE abre un nuevo foco de debate: los recursos que reciben las universidades del Estado y las instituciones privadas. “No son muy distintos entre sí”, cuestionó.
