La acción legal interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado señala que el expersecutor y el abogado habrían manteniendo constantes conversaciones en las que revelaron asuntos reservado en casos como Exalmar, Penta, Domingo, entre otros.
“Hay un sesgo investigativo por parte de la Fiscalía”, afirmó el defensor del edil, Ramón Sepúlveda, mientras que el abogado del CDE, Daniel Martorell, señaló que “la corrupción no tiene colores políticos”.
El escrito fue ingresado un día antes de que se lleve a cabo la audiencia de comunicación de cargos al jefe comunal. En tanto, la defensa del edil solicitó su sobreseimiento en la investigación.
En el marco de la cuenta pública del CDE, el presidente de la institución, Raúl Letelier, expuso que la entidad ha otorgado “una prioridad estratégica” al refuerzo de la capacidad de acción para la persecución de crímenes de este tipo.
La orden de no innovar solicitada por el abogado Mario Vargas pretendía impedir que la CDE accediera a sus conversaciones con Hermosilla por considerarlas de carácter privado. Sin embargo, la última pronunciación la tendrá el Tribunal de Alzada.
El tribunal, en fallo unánime, determinó que no existía un derecho claro en riesgo y que la acción constitucional no podía prosperar. La acción legal fue presentada por el abogado Mario Andrés Vargas Cociña contra el CDE y el Ministerio Público.
El timonel del Partido Comunista aseguró que “se está cambiando el foco” por el ‘Caso Hermosilla’ y le pidió “mayor sobriedad” a Raúl Letelier, presidente del Consejo del Estado, ya que aún no hay una resolución de la investigación contra el alcalde.
El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, se refirió a la investigación por presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y lavado de activos en el caso de las farmacias populares.
El ex jefe de la PDI habría adelantado pesquisas que aún no se ejecutaban y filtrado oficios reservados al abogado Luis Hermosilla. Según el Ministerio Público, Muñoz habría entregado la información para “proteger el prestigio de la institución”.
La institución cuestionada pactó dos convenios con el Minvu por $227 millones, ambos con un 55 y 43% del monto transferido “rendido y aprobado”. Según el CDE, la falta de documentación imposibilita revisar el correcto uso de los recursos traspasados.
La entidad, en representación del Gobierno Regional de La Araucanía, interpuso una querella en contra de cuatro funcionarios públicos, por presunto fraude al fisco por más de $658 millones en el caso Convenios.
Los fondos fueron ingresados a la cuenta del Poder Judicial a petición del CDE luego que los herederos del dictador no reclamaran los recursos.
El caso apunta al exmagistrado Juan Antonio Poblete Méndez, quien autorizó escuchas contra exmiembros del Ejército y el periodista Mauricio Weibel en el caso denominado Operación Topógrafo.
La sala penal determinó condenas contra los agentes de la DINA Guillermo Salinas, Pedro Espinoza y Raúl Iturriaga, entre otros. El CDE valoró la determinación que rechazó aplicar beneficios por el paso del tiempo.
La ministra del Interior valoró el tono y la franqueza con que se abordaron las diferencias entre los dirigentes de Chile Vamos y el Gobierno. Sobre la presentación de querellas en el caso Convenios, sostuvo que desde ese sector existe una confusión.
El presidente del gremialismo, Javier Macaya, cuestionó que el Ejecutivo no se haya querellado por el caso Convenios, pero Luis Cordero subrayó que por Ley esta tarea recae en el Consejo de Defensa del Estado.
El CDE participa esta semana en la audiencia de prueba fijada por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta en el marco de la demanda de reparación ambiental presentada por el organismo contra tres sociedades mineras.
