El presidente ejecutivo de la estatal, Rubén Alvarado, habría estado al tanto de la alteración de cifras. El diputado PPD, Cristián Tapia, pidió al nuevo directorio realizar una denuncia adicional ante Fiscalía y presentar una querella.
El exlíder de la estatal oficializó su salida mediante una carta dirigida a Bernardo Fontaine, donde defendió su gestión y acusó motivaciones “puramente partidistas” tras las presiones para dejar el proyecto ligado al litio.
La ejecutiva que además preside el Comité de Auditoría que descubrió el hecho, explicó que hubo “un fallo en la segunda línea de defensa” y que se efecta al gobierno corporativo de la empresa estatal.
La sobreestimación de 27 mil toneladas de cobre en 2025 gatilló despidos ejecutivos y abrió un flanco de movilizaciones sindicales por descuentos promedio de $2 millones por operario.
La minera estatal reconoció inconsistencias en los registros de cobre producido durante diciembre de 2025, situación que derivó en acciones judiciales y en cuestionamientos desde el Ejecutivo y el Congreso por los mecanismos de control interno.
Tras concluir auditoría interna, desde la Corporación afirman que no se han identificado efectos negativos que hagan necesario modificar los estados financieros. “Está fuera de control”, comentó el biministro Daniel Mas.
Tres instituciones firmaron un acuerdo para crear el Instituto de Minería Compleja, entidad orientada a desarrollar tecnologías para la minería profunda. La iniciativa contempla un posible aporte basal de Codelco.
En medio de la polémica por el informe que indicaría sobreestimación en la producción de Codelco, el diputado PPD cuestionó duramente a la administración saliente. “Podemos estar todo un día detallando los datos que simbolizan su mala gestión”, dijo.
El diputado Marco Antonio Sulantay respaldó investigar el presunto fraude en Codelco, cuestionó la falta de controles en la estatal y pidió abrir el debate sobre capitalización privada sin perder el control estatal.
La acción fue interpuesta por el diputado Jaime Mulet para esclarecer la eventual comisión de delitos a raíz del informe preliminar de la cuprífera que indicaría una sobrestimación de producción de cobre en diciembre de 2025.
El economista reemplazará a Máximo Pacheco a partir del 26 de mayo. El Gobierno también anunció cambios en el directorio de la cuprífera estatal en medio de desafíos financieros y productivos.
El informe detectó inconsistencias en el registro de cobre producido durante diciembre de 2025, mientras la estatal aseguró que la investigación aún no concluye. Desde el Congreso, surgieron llamados a realizar una auditoría internacional externa.
Frente a las críticas del Ejecutivo a la gestión de la empresa, expertos advirtieron sobre diferencias entre lecturas políticas y económicas, colocando el foco en cómo solventar el problema del endeudamiento de la estatal.
En su despedida, Pacheco negó una crisis y reivindicó el rol estratégico de la estatal, mientras el Gobierno instaló dudas sobre su desempeño y proyecciones, abriendo el debate sobre gestión, inversión y rumbo de la principal empresa del país.
En esta nueva acción, la empresa extiende la acción judicial en contra de los abogados y exdiputados de la Democracia Cristiana Gabriel Silber Romo y Aldo Cornejo González, como coautores de delitos de soborno y autores de lavado de activos.
La cuprífera estatal logró un aumento del 23% en su Ebitda y una inversión histórica de US$ 5.073 millones, destacando el aporte excepcional de su alianza con SQM en el Salar de Atacama.
El 7º Juzgado de Garantía de Santiago desestimó la solicitud de la defensa de la exmagistrada y otorgó 90 días adicionales a la Fiscalía para continuar diligencias en la causa por presunto cohecho, soborno y lavado de activos.
