Pagos duplicados de viáticos, asignaciones de zona injustificadas, cuentas ocultas y manejo irregular de fondos, son algunas de las observaciones realizadas a través de un informe del ente contralor
Luego de modificarlo, el Ministerio de Justicia ingresó a Contraloría el nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos. ¿La novedad? El Gobierno confirmó que no impulsará el proyecto de matrimonio igualitario que se encuentra actualmente en el Senado pese a los compromisos adquiridos por el Estado.
Diputados y diputadas pidieron al ente contralor que investigue la licitación a través de la cual se otorgó el Conteo a nivel nacional de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y que fiscalice al Ministerio de Desarrollo Social por un presunto abandono de deberes al conocer los resultados.
El máximo representante de los trabajadores fiscales, José Pérez, admitió además que existe preocupación entre los funcionarios por la implementación del sistema de digitalización, que podría provocar masivos despidos.
El abogado Raúl Meza llegó hasta el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en representación de 70 reos de Punta Peuco, a pedir una intervención del organismo por las irregularidades y falencias detectadas en el penal en el informe emanado de la Contraloría General de la República.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró que se corregirán los puntos rechazados por la Contraloría General de la República. En tanto, desde el Frente Amplio acusaron al Presidente Piñera de estar improvisando frente a un tema tan delicado.
A través de un dictamen inédito, la Contraloría General de la República varió el principio que operaba por largo tiempo en la administración pública por el que la protección a la maternidad sólo era un beneficio para las funcionarias de planta y contrata.
El contralor Jorge Bermúdez descartó la existencia de un sesgo político en auditorias de déficit municipal y defendió la autonomía del organismo, asegurando que “si alguien pudiese reclamar no sería el oficialismo, sino que la oposición”. Asimismo, lamentó que se haya relacionado la desvinculación de funcionarios con una represalia ya que, a su juicio, esto no contribuye a la crisis de confianza en las instituciones.
A través de un comunicado, el organismo indicó que las desvinculaciones tienen que ver con una “mala evaluación” en el desempeño de los profesionales.
Luego de que fueran desvinculados tres profesionales de la institución, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, indicó: “No podemos tener un contralor, que por miedo a que se filtre algo, esté dispuesto a crucificar”.
El dictamen concluyó que se trata de una “práctica asentada en nuestro país”. Sobre los gastos de los hijos del Presidente, el ente regulador confirmó que ” fueron solventados de manera íntegra por los gobiernos anfitriones”.
La causa está a cargo de la fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Tania Sánchez, quien ya se encontraba investigando otra denuncia de la subcontralora Dorothy Pérez en contra del contralor Jorge Bermúdez.
Con el fin de modernizar a la Contraloría General de la República, el Gobierno planea ingresar en las próximas semanas al Congreso, un proyecto de ley que lo convertiría en un órgano colegiado. Al respecto, el abogado constitucional, Fernando Atria, indicó que sería un error dicho cambio y planteó la propuesta de mejorar, por otro lado, las capacidades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados.
Desde la ONG ambientalista señalan que los proyectos no cumplen con las exigencias de la ley 19300 ni con los pronunciamientos de la Contraloría, y emplaza a la autoridad ambiental a cumplir con la legislación vigente.
Según determinó Contraloría, el Ministerio también deberá informar semanalmente sobre el desarrollo de la investigación judicial. Con esta acción, la indagatoria entrará en una de sus etapas finales.
Luego de que un grupo de parlamentarios de oposición y concejales de Maipú solicitaran al órgano controlar que revisara la compra de peluches con fondos públicos que hizo la alcaldesa Cathy Barriga, la institución fiscalizadora aceptó la petición y anunció que iniciará una auditoría para investigar la situación.
La instancia ciudadana pidió a la Contraloría General de República que oficie al superintendente de Pensione, para que entregue a la fiscalía la información de los involucrados en las prácticas irregulares.
