En julio, el director del Sernamig informó de al menos 8 mil recursos contra el Servicio, el arma jurídica usada por personas migrantes con “visa en trámite” que ha desatado el lucro, así como el ingenio de quienes buscan ganarle a la burocracia.
Además, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes destacó que son más de 500 mil personas inmigrantes habilitadas a votar, por lo que solicitan que se tome en consideración en la difusión de la propuesta a las comunidades que no son hispanoparlantes.
La Corporación Colectivo Sin Fronteras y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile dieron a conocer que cerca de mil menores de edad viven en el país sin acceso a salud, educación y otros derechos fundamentales.
Este miércoles, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes realizó una manifestación pública en rechazo a las expulsiones de personas extranjeras organizadas por el Gobierno en el marco de una política que pretende la deportación de 1.500 migrantes que habrían infringido la ley.
Si bien en 2018 el presidente dijo que Chile iba a recibir venezolanos y así honrar un compromiso con la solidaridad, frente la crisis migratoria el Gobierno optó por iniciar un proceso de expulsiones, abandonando el enfoque humanitario y de derechos humanos que requiere la migración.
La iniciativa busca enfrentar la discusión pública que se ha dado en torno a la crisis migratoria, en que se señala que quienes migran al país son personas “ilegales”. Frente a esto, la campaña quiere visibilizar la importancia del lenguaje y la necesidad de abordar el problema sin racismo ni xenofobia.
Desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y el Movimiento Acción Migrante manifestaron su preocupación por la aprobación este jueves de la Ley de Extranjería y Migraciones impulsada por el Ejecutivo. “Viene a reforzar las desigualdades que vivimos las personas inmigrantes y refugiadas en Chile”, aseguran.
Figuras políticas, académicas, expertos y organizaciones civiles concuerdan en que el proyecto actual es perjudicial para los derechos de la población migrante, por lo que se debe discutir en profundidad y no con la rapidez propuesta por el Ejecutivo.
Son 348.040 los ciudadanos y ciudadanas inmigrantes que habían sido excluidos del padrón provisorio entregado en diciembre y que ahora podrán sufragar en el proceso que se llevará a cabo el próximo 26 de abril.
Entre el millón de voces que se alzaron en Plaza Italia y sus alrededores, estuvieron también las de un grupo que, con demandas concretas y un mensaje claro, poco a poco se ha ganado su espacio en la sociedad y en política nacional. Hoy, la población migrante ve esperanzada los acontecimientos ocurridos en el país y se hacen parte, haciendo caso omiso a las amenazas de un Gobierno que insiste en el miedo como mecanismo para evitar su participación.
El máximo tribunal del país ratificó lo sentenciado por las Cortes de Apelaciones de Arica y Santiago, dejando en claro la inexistencia de un fundamento legal para las expulsiones decretadas por las intendencias de las respectivas ciudades. No obstante, Rodolfo Noriega, quien presentó los recursos de amparo, se mostró preocupado ante una política migratoria que “genera de manera estructural inmigrantes en situación de irregularidad permanente”.
La situación de los más de 300 venezolanos estancados en el paso fronterizo de Chacalluta se ha visto recientemente agravada por el Decreto Supremo firmado por el presidente Sebastián Piñera. A tan solo meses de anunciar que aceptarían documentos vencidos a quienes provengan de Venezuela, con la medida que entró en vigencia este sábado ahora el Gobierno les exige un pasaporte al día para permitir el ingreso.
A través de una Asamblea Migrante convocada para este domingo, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes planificará acciones en contra de lo que considera un incumplimiento de parte del Gobierno al Plan de Regularización Extraordinario.
Desde la agrupación denunciaron que, en el marco del proceso de regularización que lleva a cabo el Ministerio del Interior y a través del cual los inmigrantes irregulares podían regular su situación, los documentos están siendo rechazados pese a contar con los requisitos necesarios.
El estudio realizado por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile abarcó tres temáticas: valoración del servicio otorgado, evolución del servicio tras la incorporación de las diferentes modificaciones anunciadas en abril pasado y los principales problemas del servicio.
Luego de la aprobación, en la Cámara Baja, del proyecto de Ley de Migraciones, organizaciones de extranjeros residentes en Chile se manifestaron en contra de la iniciativa. Desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes calificaron el acuerdo entre oficialismo y oposición como un “pacto siniestro”.
