El fallo se dio a conocer hoy y los ministros encargados de la Tercera Sala del Tribunal Supremo lo ratificaron de forma unánime.
Se trata de las ejecuciones ilegales en contra de trabajadores forestales y campesinos que fueron detenidos en octubre de 1973, en Futrono, región de los Ríos. Las sumas a pagar por parte del Estado de Chile van desde los cuarenta y hasta los cien millones de pesos en favor de hermanos, hijos, viudas y madres de los asesinados.
Mañana se desarrollarán los últimos alegatos, y en esta instancia serán quienes apoyan su instalación los que tendrán la oportunidad de exponer sus razones para aprobar este proyecto minero.
El abogado egresado de nuestra casa de estudios integró la cinquena elaborada por la propia Corte Suprema. Su ingreso al Poder Judicial fue en 1975 y ejerció como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago desde 2002.
Un reciente fallo emanado por la Corte Suprema rechazó un recurso de protección contra la Dirección del Trabajo tendiente a validar este tipo de instancias laborales. Sindicalistas y expertos criticaron la iniciativa tomada por la DT, que, para ellos, tiene como fin restar poder a dichas afiliaciones.
Sobre el reciente proyecto revisado por el Tribunal Constitucional, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, explicó que no se puede enfrentar “sino considerando todas las cuestiones que pueden incidir”. Así mismo, aceptó la posibilidad de penalizar el negacionismo de las violaciones a los Derechos Humanos.
La Segunda Sala revisó los antecedentes y concluyó que el condenado Ramón Pedro Cáceres Jorquera no ha permanecido en la cárcel los dos tercios de su condena, requisito necesario para el otorgamiento del beneficio.
El Tribunal desestimó el recurso de revisión interpuesto por la defensa del ex frentista.
Tratamientos fuera de la Ley Ricarte Soto, junto a fármacos que llegan a tener costos millonarios, han obligado a personas afectadas a recurrir a tribunales para obligar al Estado a dar una solución al problema. Organizaciones afines y parlamentarios apoyan las recientes resoluciones de la Corte Suprema que ha fallado en favor de los denunciantes.
En un fallo unánime, la Cuarta Sala del máximo tribunal de nuestro país revocó una decisión previa que había tomado la Corte de Apelaciones, en la que solo había permitido el cambio de nombre registral, decisión que fue modificada al establecerse que no permitir el cambio de sexo registral vulnera los derechos fundamentales de las personas transgénero.
El máximo tribunal calificó de ilegal la desvinculación de la subcontralora en agosto pasado. Ante esto, el contralor dijo que acatará el fallo.
Durante la mañana de este lunes se desarrollaron los alegatos en el caso de la restitución de la ex subcontralora Dorothy Pérez, quien, según ordenó la Corte de Apelaciones, debe volver a sus labores. Sin embargo, tras la apelación del contralor Jorge Bermúdez, la Corte Suprema escuchó los argumentos de cada parte para decidir quién tiene la razón.
Tras una audiencia de cerca de dos horas en la que se expusieron los argumentos a favor y en contra de la remoción del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, de su cargo, la Corte Suprema desestimó de forma unánime la solicitud que había sido presentada por el Frente Amplio.
Los votos a favor fueron emitidos por los mismos magistrados que fueron acusados constitucionalmente en el Congreso Nacional.
El defensor de uno de los condenados por el caso Luchsinger Mackay lamentó la decisión tomada este miércoles por la Corte Suprema, por la que los ministros de la Segunda Sala determinaron quitar el carácter de terrorista al delito imputado a los comuneros mapuches, pero descartaron anular el juicio, tal como lo había solicitado la defensa.
Por cuatro votos contra uno, los diputados miembros de la comisión encargada de revisar el mérito de la acusación constitucional a los ministros Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, aprobaron el informe que será revisado por la sala durante la tarde y noche de este jueves.
Este miércoles, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en conjunto con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), y representantes de diversas organizaciones sociales, hicieron un llamado a los diputados para aprobar en Sala dicha acusación. Según la comisión ad-hoc el libelo sería votado este jueves.
