El titular de Vivienda y Urbanismo abordó las últimas declaraciones de la diputada Catalina Pérez en relación al caso de Democracia Viva. Además, dijo que tiene indicios de que situaciones similares pudieron repetirse a finales del gobierno anterior.
Cinco meses después de revelarse el escándalo de Democracia Viva, la diputada (suspendida de su militancia en RD) habló por primera vez en profundidad sobre el caso.
Se detectó que la unidad no cuenta con instructivos formales respecto de asignaciones directas, no exigía cauciones o boletas de garantía y carece de procedimientos para la selección de las entidades que ejecutan los proyectos.
Por cuestionamientos a la gestión del ministro de Vivienda, Carlos Montes, la vocera respondió que “la oposición tiene la costumbre de ver la responsabilidad solo en el que está al frente y no asumir las propias”.
El contralor Jorge Bermúdez concurrirá hoy a las 11.00 horas a la comisión de diputados que investiga los traspasos de recursos del fisco a las ONGs, y dará a conocer los principales resultados de las auditorías realizadas a 15 seremis de Vivienda.
Esta es la segunda vez que el jefe de asesores de La Moneda se ausenta de la instancia para dar cuenta de su rol como exSubdere en el convenio por $630 millones entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la fundación ProCultura.
Por orden de la entidad fiscalizadora, el titular de Vivienda dio a conocer que la cartera creó un “Manual de Convenios” entre instituciones sin fines de lucro y los Seremi Minvu de cada región.
El titular de Vivienda destacó la determinación de la Corte Suprema que no dio lugar al requerimiento de la cuestionada fundación. También insistió en que seguirán persiguiendo la restitución de todos los recursos involucrados.
Gonzalo Medina, abogado de la parlamentaria, salió al paso de las críticas luego que la diputada fuese acusada de haber sabido desde 2022 de los convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva.
El Consejo de Defensa del Estado interpuso la acción judicial tras constatar perjuicio fiscal en los convenios suscritos. “Estamos frente a un caso en que la administración de los recursos se realizó fuera de cualquier criterio objetivo”, señalaron.
El ministro pidió algunos minutos de comisión secreta para referirse a personas que aún no son investigadas por el Ministerio Público. Más allá de eso, reveló las principales irregularidades que se han detectado en las pesquisas del Minvu.
El presidente Convergencia Social aseguró que la probidad y la transparencia siguen siendo banderas de la coalición y que aquello “no se va a manchar por un par de inescrupulosos, ni tampoco por el accionar de una persona que ya no es militante”.
