Más de 150 agrupaciones de Chile, América Latina, Europa y Oceanía entregaron una carta en La Moneda para pedir al Ejecutivo dar marcha atrás con la iniciativa constitucional. Además, llamaron al Congreso a rechazar la idea de legislar el proyecto.
El académico de la U. de Chile aseguró que la iniciativa es “manifiestamente iliberal” y afirmó que los militares obtendrían resultados relativos, “porque lo que realmente se necesita para combatir el narcotráfico es inteligencia policial”.
El exministro de Justicia y Seguridad advirtió que la reforma del Gobierno constituye “un riesgo institucional muy grande, no solo en acumular poder al Ejecutivo, sino que en la manera de entender el sistema de derechos y del castigo”.
El parlamentario del Partido Republicano respondió a las críticas del oficialismo y defendió la reforma constitucional de seguridad como una herramienta “necesaria” para recuperar el orden en zonas afectadas por el crimen organizado.
El titular de Defensa advirtió que una ley orgánica no puede restringir los límites constitucionales. Además, llamó al Gobierno a elevar el tono de su respuesta diplomática ante Argentina por nuevas declaraciones sobre el Estrecho de Magallanes.
La diputada y jefe de bancada gremialista defendió el proyecto de seguridad del Ejecutivo. Sin embargo, enfatizó que debe existir más diálogo con los parlamentarios para modificar el nuevo estado de excepción constitucional.
El Jefe de Estado se mostró dispuesto a revisar los 120 días del nuevo estado de excepción y precisó que las facultades quedarán definidas en una ley orgánica constitucional.
“Hay contenidos completamente iliberales dentro del proyecto, pero hay que ver hasta dónde llega el Gobierno”, dijo el sociólogo. A su juicio, la propuesta del Ejecutivo es una estrategia para correr los márgenes de negociación en el Congreso.
La exintegrante de la Comisión Experta del Consejo Constitucional además cuestionó que el nuevo estado de excepción que propone el Gobierno entregue al Presidente facultades “equivalentes” a las de un contexto de guerra externa.
El presidente de la Comisión de Seguridad aseguró que la intención del Ejecutivo con la iniciativa es “dividir” a las fuerzas políticas, y sostuvo que sería “una locura” aprobar un proyecto que calificó como “absolutamente ideológico”.
El exgeneral director de Carabineros valoró el traslado de reos de alta peligrosidad, pero advirtió que la difusión en vivo del operativo puso en riesgo tanto la operación como los derechos y garantías de las personas involucradas.
El jefe comunal sostuvo que la medida se adoptó cuando ya había fallecidos y familias aisladas. El Gobierno defendió el despliegue realizado desde la semana pasada y aseguró que las Fuerzas Armadas ya operaban en la zona antes del decreto.
El mandatario movilizó a policías y militares ante cortes de ruta de indígenas y cocaleros, acusando un intento de golpe de Estado desde sectores afines a Evo Morales.
Jedena informó que a contar de este martes 20 de enero de 2026 y por un tiempo indeterminado, se efectuarán cortes y desvíos de rutas de ingreso y salida en las Comunas de Penco y Tomé, las que contarán con distintos puntos de control vehicular.
Más de 6.5 millones de hondureños acudieron a las urnas bajo un gran despliegue de observadores. Los comicios estuvieron marcados por el temor al fraude, la sombra del narcotráfico y una fuerte polarización avivada por EE. UU. y China.
Parlamentarios de oposición reaccionaron al ataque incendiario en Carahue, reivindicado por WAM. Diputados Leal (UDI) y Schubert (Republicano) criticaron la “incompetencia” y “pasividad” del gobierno, exigiendo la presencia del Ministro Cordero.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, evitó referirse directamente a la medida del candidato libertario, pero destacó que el Estado de Excepción actual ha reducido la violencia rural en más de un 70%.
