A pesar de las deficiencias del proceso liderado por el Ministerio del Interior y el INDH, la vicepresidenta ejecutiva de las comisiones Valech cree que no están las condiciones para acreditar las violaciones de DDHH ocurridas en el 2019.
De acuerdo a la magistrada Marcia Figueroa la petición “no parece lógica”, por lo que los documentos deberán ser entregados a la fiscal Ximena Chong.
Por lo mismo, el fiscal del caso Pío Nono, Francisco Ledezma, retiró del 7°Juzgado de Garantía de Santiago el ofrecimiento que implicaba una pena máxima de 5 años. Zamora optó por ir a juicio oral para demostrar su inocencia.
Aunque el Gobierno dejará sin efecto 25 pensiones de gracia, desde la oposición insisten en que el caso no quede en “absoluta impunidad”. “Estamos hablando de recursos públicos que terminaron en manos de delincuentes”, aseguró el diputado Longton.
La secretaria de Estado aseguró que las personas que tienen antecedentes penales y reciben pensiones de gracia son 69. “La enorme mayoría no tiene ninguno”, agregó.
“No podemos permitir que el Gobierno siga coaccionado por las amenazas del Partido Comunista y el Frente Amplio de recurrir a organismos internacionales”, expresó el diputado UDI, Henry Leal.
En un comunicado, la organización expresa su preocupación por la salida del Fiscal Armendáriz, según señalan, por presiones de sectores políticos de la derecha. Asimismo, advierten que revocación de las pensiones de gracia sería un retroceso.
De todas maneras, el consejero del organismo reconoció que la calidad de los antecedentes aportados debe ser revisada. “Eso es lo que hay que determinar a través de la investigación sumaria que solicitó Contraloría”, indicó.
La organización manifestó su preocupación ante las presiones a los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong en medio de la investigación al Alto Mando de Carabineros por delitos de lesa humanidad en el contexto del estallido social.
La titular de la Segegob apuntó que mantendrán el beneficio a víctimas de trauma ocular. Mientras que en la oposición llamaron al Ejecutivo a sincerar su postura.
La abogada experta en derechos humanos afirmó que el cometer un delito, no le quita a las personas el derecho a ser reparadas por una vulneración. Además, advirtió que el actuar del Gobierno podría generar una contienda judicial.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó la necesidad de reconstruir este espacio no solo “como era antes, sino que también de mejorarlo y hacernos cargo de los problemas que ya tenía”.
