A pesar de que aquella tragedia reveló los peligros del hacinamiento y la desorganización de los penales, en la actualidad la situación sigue siendo similar. Por ello, en opinión de quienes conocen este caso y el sistema penal, es fundamental que el Estado reconozca que debe ser garante de derechos para las personas recluidas, indiferente cual haya sido su delito.
Desde la vocería de la autoridad ancestral mapuche han denunciado amenazas y persecución por parte de funcionarios de la institución penitenciaria, además de las deplorables condiciones en que se encuentra el estanque que provee de agua a todo al CET de Vilcún, lugar en donde se encuentra recluido desde septiembre.
A menos de 12 horas del fallo que dictó el Juzgado de Garantía de Cañete en favor de los comuneros mapuche, en donde explicitó que éstos debían ser devueltos al penal de Lebu, la dirección regional de Gendarmería hizo caso omiso a la instrucción y los trasladó en plena madrugada a la cárcel El Manzano de Concepción.
Los 12 comuneros mapuche de la cárcel de Lebu fueron abordados por los funcionarios del penal en horas de la madrugada para un inesperado traslado al hospital de Los Ángeles. Ante esto, el Juzgado de Garantía de Cañete le dio a la dirección regional de Gendarmería un plazo de 12 horas para informar quién tomó la decisión y otro de 48 horas para investigar un posible desacato de la institución penitenciaria.
Durante las últimas horas tres huelguistas de la cárcel de Lebu fueron trasladados a un hospital debido al agravamiento en su estado de salud. Paralelamente, comuneros denunciaron que Gendarmería estaría impidiendo el ingreso de personal médico de confianza, entre otras medidas, consideradas como “negligentes”.
La negociaciones entre la cartera de Justicia, Gendarmería y los organismos de Derechos Humanos, apoyados por la Universidad de Chile y el Colegio Médico, buscan reformar los reglamentos penitenciarios en orden a cumplir con los tratados internacionales suscritos por Chile.
Desde la Anfup aseguran que falta diligencia por parte de las autoridades para prevenir los brotes tanto en trabajadores como en la población penal, especialmente en la toma de PCR como método de prevención.
Nuestro medio accedió a la resolución con la que se pretende adquirir más de 19 mil cajetillas Kent, Lucky Stike y PallMall.
El hombre de 75 años cumplía condena en el recinto penal de Santiago Sur.
Luego del motín en Colina 1, Carlos Fernández criticó duramente las decisiones tomadas por el Ministerio de Justicia en cuanto al manejo de la crisis sanitaria en los recintos penales. “Hoy como gremio, pedimos la salida de Hernán Larraín del Ministerio de Justicia, porque no esta en sintonía con los gendarmes”.
Según las últimas cifras de la autoridad sanitaria, los contagiados por COVID-19 en Gendarmería y personal civil totalizan más de 130.
Según los antecedentes recabados por este medio, el suplantado mantenía una orden de liberación que le permitió al ahora prófugo pasar todos los controles y salir por la puerta del penal.
