En la Comisión Revisora de la Cámara, José Antonio Viera-Gallo recalcó que la calificación y concesión de indultos son una facultad exclusiva del Presidente de la República, por lo que consideró que el libelo debe fundarse en “motivos de legalidad”.
El Ejecutivo también presentó en el Senado un proyecto de ley para combatir la delincuencia organizada, que establece técnicas especiales para su investigación.
La ministra de Justicia, Marcela Ríos, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, y el director de Gendarmería, Sebastián Urra, dieron a conocer los resultados de los operativos masivos implementados en todo el país.
Casi mil personas privadas de libertad sufragarán en este Plebiscito Constitucional, considerando que solo quienes han sido condenados a penas menores a 3 años pueden ejercer este derecho.
A través de 153 cabildos realizados en toda la red de centros penitenciarios que controla Gendarmería y en los centros del Sename con los y las jóvenes privadas de libertad, 2.600 personas discutieron sus expectativas frente el proceso constituyente.
El objetivo de este grupo de trabajo es contar con información unificada y bajo criterios comunes a fin de mejorar tanto la prevención como la persecución penal.
Aunque los tiempos de la política y de la historia chilenas parecen avanzar hoy a una velocidad fuera de lo común, hay situaciones que persisten entre nosotros y que no podemos esconder debajo de la alfombra, si efectivamente aspiramos a construir un futuro mejor para los integrantes de esta comunidad. Nuestro presente colectivo está determinado […]
La ministra Marcela Ríos aseveró que “los requisitos para que cualquier persona privada de libertad pueda acceder a un beneficio están normados por Ley y en reglamentos” y que es el Comité Técnico de Gendarmería el que toma estas decisiones.
La decisión dada a conocer por Gendarmería por considerar un avance en su proceso de reinserción, se dará de manera progresiva y contempla la permanencia durante una noche a la semana en su domicilio.
El hijo de José Tralcal -condenado por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay- acusó negligencia por parte de Gendarmería en la entrega de beneficios carcelarios a su padre, los cuales debieron haberse entregado hace un año.
Lorenzo Morales de la Defensoría Popular, señaló que la medida es un paso para terminar con la prisión preventiva que aún enfrentan decenas de jóvenes detenidos en el marco del estallido social. Además, indicó que incluso podría abrir una puerta para la revisión de las sentencias contra personas condenadas por los tribunales.
El hecho fue informado por la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP), entidad que confirmó que el atentado fue pasada las 13:00 horas y no se registran lesionados así como tampoco detenidos.
Como “El Nazi” se le conoce al funcionario del penal que con un fierro envuelto en huincha aisladora provocó una fractura costal a Elías Quero días antes de salir de la prisión preventiva que debió pasar durante 13 meses. El afectado anunció acciones legales en contra del gendarme.
Desde el Ministerio de la Mujer se han comprometido a adoptar nuevos protocolos para que situaciones como estas no vuelvan a ocurrir. No obstante, de parte de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres criticaron la gestión de la cartera en esta materia y aseguraron que este caso dilucida el poco valor que tiene la vida de las mujeres para las instituciones.
La abogada se refirió a la situación actual del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, luego de la publicación de un comunicado donde acusa la intromisión del gobierno de Argentina en el proceso judicial de nuestro país, después del último intento por parte de su defensa para conseguir la libertad condicional.
La Comisión de Seguridad del Senado terminó suspendiendo la sesión en que se revisaría la cuestionada iniciativa impulsada por el Gobierno que exime de responsabilidad penal a aquellos uniformados que usen la fuerza letal en el ejercicio de sus funciones.
A pesar de que aquella tragedia reveló los peligros del hacinamiento y la desorganización de los penales, en la actualidad la situación sigue siendo similar. Por ello, en opinión de quienes conocen este caso y el sistema penal, es fundamental que el Estado reconozca que debe ser garante de derechos para las personas recluidas, indiferente cual haya sido su delito.
