En el informe dado a conocer esta jornada al Senado, se establecen las falencias del recinto penitenciario, además de hacer propuestas para revertirlas. Entre los problemas, destaca que no se cuenta con medidas para la protección de los menores.
Con obras que constituyen una inversión de 3.756 millones de pesos, el recinto se reincorpora a los 7 módulos con los que se cuenta a lo largo del país, con una capacidad para recibir a 296 personas. 29 personas han ingresado a la fecha.
Gendarmería descubrió que una de las planchas de terciado que estaban siendo ingresadas por una mujer y por el funcionario policial contenía en su interior marihuana, pasta base y pastillas ilícitas.
Con la instancia, el subsecretario Monsalve anunció que “vamos a transferir 4 mil 867 millones de pesos a Gendarmería para fortalecer las capacidades de sus recintos penitenciarios, para tener también seguridad” en los penales.
El titular de Justicia indicó que los informes negativos de Gendarmería sobre los condenados no son vinculantes con la decisión del Presidente y relevó que cerca del 65% de los beneficiados son reincidentes o tienen antecedentes previos.
“Hemos dedicado todas la medidas administrativas para que sea posible la próxima semana constituir la comisión sobre indultos”, afirmó el presidente de la corporación, Vlado Mirosevic.
En la Comisión Revisora de la Cámara, José Antonio Viera-Gallo recalcó que la calificación y concesión de indultos son una facultad exclusiva del Presidente de la República, por lo que consideró que el libelo debe fundarse en “motivos de legalidad”.
El Ejecutivo también presentó en el Senado un proyecto de ley para combatir la delincuencia organizada, que establece técnicas especiales para su investigación.
La ministra de Justicia, Marcela Ríos, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, y el director de Gendarmería, Sebastián Urra, dieron a conocer los resultados de los operativos masivos implementados en todo el país.
Casi mil personas privadas de libertad sufragarán en este Plebiscito Constitucional, considerando que solo quienes han sido condenados a penas menores a 3 años pueden ejercer este derecho.
A través de 153 cabildos realizados en toda la red de centros penitenciarios que controla Gendarmería y en los centros del Sename con los y las jóvenes privadas de libertad, 2.600 personas discutieron sus expectativas frente el proceso constituyente.
El objetivo de este grupo de trabajo es contar con información unificada y bajo criterios comunes a fin de mejorar tanto la prevención como la persecución penal.
