En medio de una denuncia por irregularidades en el traslado de dos internos de Santiago 1, Víctor Provoste envió una carta al director Sebastián Urra asegurando que carece del liderazgo necesario para llevar los destinos de la institución.
Según consignó La Tercera, esta medida se encuentra contemplada en el estatuto administrativo de la institución y se adoptó mientras se desarrolla la investigación interna.
La institución penitenciaria comenzó el proceso administrativo con el “objeto de establecer la veracidad de dichos antecedentes y eventuales responsabilidades en la correcta aplicación de protocolos y procedimientos”.
Gendarmería presento una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado contra 18 reos del Tren de Aragua, tras los incidentes ocurridos en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad.
El ministro Luis Cordero expresó que existen más denuncias sobre casos de corrupción en la institución penitenciaria y que “hay investigaciones que se están desarrollando también en la actualidad y que están en proceso”.
La iniciativa de oposición fue aprobada este lunes por la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. En la práctica, la legislación beneficiaría a 325 reos mayores de 75 años, de los cuales, 246 están condenados por crímenes de lesa humanidad.
La abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres hizo hincapié en la solicitud de indulto que ingresaron en enero de 2024 y reiteró que en su caso los tribunales fallaron “injustamente”, sin considerar su contexto de maltrato.
Según sus cifras, en Santiago y Santiago 1 hay casi 6 mil y 5 mil reos, mientras que el personal no supera los 400 funcionarios por cárcel. Desde Gendarmería señalan que la criminalidad al interior de los penales en el país “ha crecido duramente.
Tras las autorizaciones a reos de alta peligrosidad, expertos señalaron que en el debate sobre seguridad debería llamar la atención que “lo razonable, natural o intuitivo de las decisiones fueran siempre hacia el mayor castigo”.
Según un reportaje de Meganoticias, está situación provocó gran preocupación en Gendarmería, que advirtió que esto “pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada”.
El gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, instó a revelar los términos del acuerdo y la senadora republicana Carmen Gloria Aravena lo calificó como una “pésima señal”.
La determinación se logró luego de llegar a un acuerdo con Gendarmería en relación a las demandas exigidas por los 17 reclusos sobre su situación judicial.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos advirtió que las cárceles “por la capacidad que tienen, tienen un número crítico que es de 52 mil (privados de libertad), porque ahí ya entraría en hacinamiento el sistema completo”.
Asimismo, hizo hincapié en el apoyo a los funcionarios de Gendarmería y en la necesidad de esclarecer la autorización de los elementos encontrados en el penal.
La mañana del domingo, los reos retuvieron a tres gendarmes para protestar por la falta de visitas en el día de la elección. “Esta es una suspensión que se realiza con habitualidad en cualquier proceso electoral”, aclaró el ministro Luis Cordero.
Desde la institución carcelaria indicaron que se enviaron a la Fiscalía “los primeros antecedentes de lo ocurrido para la respectiva investigación”.
El ministro de Justicia explicó que la retención de tres funcionarios de Gendarmería en el penal se debió a la molestia de un grupo de internos por la suspensión del ingreso de familiares durante esta jornada.
