Gonzalo Durán economista de Fundación Sol desmitifica la supuesta correlación entre una legislación laboral robusta con una eventual desaceleración económica en su estudio “Negociación Colectiva por Sector Económico”, en medio de la discusión de la Reforma Laboral que esta semana se vota en general en el Senado.
Las últimas apariciones de los dirigentes empresariales han sido para llamar a moderar, sino a suspender, los proyectos de reformas que están en proceso de implementación, como la tributaria, o que se tramitan en el Parlamento, como la laboral. El argumento de la desaceleración de la economía para respaldar este llamado es criticado por el economista de la Fundación Sol Gonzalo Durán, quien sostiene que detrás de todo hay un interés por defender los intereses de quienes se llevan la parte más grande de la torta.
Este lunes vence el periodo para modificar el proyecto de ley. Tanto trabajadores, como diversos actores políticos y sociales están preocupados debido a que esta iniciativa no contempla la negociación ramal. Además la negociación colectiva se pone en jaque con mecanismos como el reemplazo y la obligación de mantener activos los llamados “servicios mínimos”.
La Municipalidad de Independencia junto al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes está llevando a cabo el proyecto de reconstrucción de la fachada de la iglesia centenaria Los Carmelitos. La iniciativa contempla limpieza y restauración a base de una técnica francesa, aprobada por la Unesco que permite borrar fácilmente los graffitis.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó el informe anual Panorama Social de América Latina en su versión 2014 que mostró una reducción de la pobreza, la cual alcanzó un 7,8%. De esta manera Chile quedó como segundo en la lista de los países menos pobreza de la región detrás de Uruguay. Pese a ello la Fundación Sol no está conforme con las conclusiones entregadas por el organismo, ni por el Ministerio de Desarrollo Social que coincidió con la visión de la CEPAL.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, el economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, comentó sobre el futuro de la reforma previsional y advirtió que de no haber modificaciones estructurales al sistema de pensiones, la situación se volverá aún más crítica. Al mismo tiempo aseguró que la creación de una AFP estatal esta deslegitimada por los actores sociales.
Atacar la inequidad es uno de los pilares de la iniciativa pero ¿qué ocurre cuando estas modificaciones no van aparejadas de otras medidas? ¿Qué pasa cuando el proyecto no ataca los cimientos del problema?
Autoridades y voluntarios coinciden en que la acitivdad no depende de la existencia de remuneraciones y que el financiamiento debe provenir del Estado. Y si bien no existe consenso en cuanto a la necesidad de un sistema de pensiones, aún está pendiente la formalización de un seguro de vida.
Aplicado durante la presidencia de Eduardo Frei Montalva, se trata de un gravamen que según los expertos permitiría recaudar 900 millones de dólares, en directa relación con la inequidad en la distribución de ingresos y el alto grado de concentración de riqueza que existe en el país. Este martes, la comisión de Hacienda aprobó y despachó el documento.
Los grandes empresarios fueron recibidos por la Presidenta Michelle Bachelet, a quien le evidenciaron su descontento con el poco tiempo que han tenido para participar y sugerir propuestas. Desde las pymes, en tanto, se muestran críticos con el actuar de la CPC, y se desmarcan de las críticas a la reforma por el eventual “golpe” sobre el comercio y el empleo.
Luego de conocer los anuncios del Gobierno sobre el proyecto de reforma tributaria, algunas voces apuntan que la iniciativa “simplemente queda corta”, respecto del tratamiento a las grandes empresas. Para otros, es un claro reconocimiento a la existencia de una desaceleración de la economía. Por otro lado, se destaca el impacto que tendrá en el bolsillo de los chilenos.
Parlamentarios se preparan para el debate sobre reforma tributaria, donde el oficialismo advierte que aceptará sugerencias desde otros sectores, pero en ningún caso proyectos alternativos. Esto, a la espera de la iniciativa de ley que el Gobierno ingresará al Congreso el próximo lunes. Entre los expertos existe preocupación por lo que consideran una reforma “coja” que no cumpla con las expectativas planteadas.
La decisión del ministerio de Vivienda y Urbanismo de derogar el Decreto N°1, celebrada por organizaciones ciudadanas, se suma a la permanente preocupación respecto de los planes reguladores y el poder del rubro inmobiliario para imponerse sobre los intereses patrimoniales de los barrios. Tal es el caso de la comuna de Independencia, a propósito de su nueva normativa. Desde el ámbito académico las inquietudes, además, radican en la fuerza que ha adquirido el derecho de propiedad y el tipo de relaciones con que se están construyendo las ciudades.
Luego que el diputado Pablo Lorenzini señalara que la reforma “tendría cambios”, distintas voces esperan una confirmación del Ejecutivo sobre los anuncios en esta área. Parlamentarios independientes aseguran que la DC tendrá en este tema y educación un foco permanente de conflicto interno.
Luego que el Gobierno celebrara el anuncio del INE sobre la creación de 990 mil empleos durante los últimos cuatro años, autoridades y expertos mantienen el debate en torno a las cifras, así como al origen y la calidad de estos puestos de trabajo. Junto con apuntar a la necesidad de mayores y mejores posibilidades laborales para mujeres y jóvenes, los economistas, además, proyectan una disminución de la tasa de empleos durante el próximo periodo presidencial.
El Presidente Sebastián Piñera aumentó su propuesta de salario mínimo a 210 mil pesos, con la promesa de llegar al “salario ético” de 250 mil el año 2015. Sin embargo, cuando el monseñor Alejandro Goic propuso el “sueldo ético” el año 2007, el salario mínimo en Chile era de 144 mil pesos, lo que evidencia la necesidad de actualizar esa cifra con los precios actuales.
Para el secretario de Estado, las propuestas de asamblea constituyente, reforma tributaria y reforma al sistema de pensiones estarían desacelerando la economía y desincentivando la inversión privada. Economistas desmienten estas declaraciones, que corresponderían más a un afán electoral o una “campaña del terror” que un diagnóstico económico serio.
