El parlamentario parte de la comisión revisora del libelo reiteró que el texto no tiene sustento jurídico. Además, dijo que la tragedia ocurrida en el Estadio Monumental no era previsible para la autoridad, por lo que la excluye de responsabilidad.
El llamado desde la derecha hacia los partidos de centro ha sido que los “compromisos se cumplan tal como se habló” y a no ceder a “presiones de la izquierda”. Todo, en miras a un eventual “acuerdo parlamentario” a futuro.
Según la defensa, el libelo se basa en una interpretación errónea de la Constitución al invocar una norma de resguardo del orden público que dejó de regir desde la creación del Ministerio de Seguridad. La Cámara Baja vota el texto este martes.
A menos de 48 horas de que se pronuncie la Cámara Baja, la derecha resiente anuncios de ausencias junto a descuelgues del sector, mientras que desde el denominado centro político aún no notifican su postura final.
El libelo plantea la responsabilidad constitucional del delegado por no cumplir con sus obligaciones en el resguardo del orden público, en el marco del partido entre los clubes de fútbol profesional Colo-Colo y Fortaleza en el Estadio Monumental.
En su defensa, advirtió que los acusadores “invocan erróneamente la causal de infracción a la Constitución, confundiéndola con la causal de infracción a las leyes”. Además, explicó la decisión de no suspender el partido de Colo Colo y Fortaleza.
El único representante de oficialismo en la comisión revisora del libelo contra el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, entregó su visión crítica sobre el uso de esta herramienta. No obstante, descartó un parlamentarismo de facto.
Los jefes comunales expresaron su rechazo al texto acusatorio y respaldaron al delegado presidencial de la RM. Los parlamentarios opositores desestimaron el apoyo de los ediles y afirmaron: “Nosotros no nos involucramos en decisiones municipales”.
La acción está relacionada con los incidentes ocurridos fuera del Estadio Monumental que terminaron con dos fallecidos. La autoridad de la Región Metropolitana ha insistido que la acusación constitucional “no tiene ningún fundamento jurídico”.
Los diversos sectores del Parlamento comienzan a tomar posturas más definidas respecto del texto acusatorio y la oposición cree contar con los votos para avanzar. Desde el oficialismo, tildaron la acción de “inútil” ante el problema de fondo.
A partir del 06 de mayo, las 7 pistas contempladas en Plaza Italia estarán operativas, despareciendo así la histórica rotonda que caracterizó a esta zona. Todo, en el marco del proyecto Eje Nueva Alameda, que contempla múltiples mejoras del sector.
El apoyo del Partido Demócratas podría ser clave para conseguir los votos necesarios para que el texto prospere. No obstante, desde dicha colectividad ponen paños fríos y afirman que analizarán los argumentos presentados por la derecha.
El delegado presidencial de la RM recalcó que “no hay fundamento jurídico” para una acusación constitucional por la tragedia en el Monumental. Además, dijo que dicha herramienta “no contribuye a los importantes desafíos que tenemos en esta materia”.
En cuanto al líbelo contra el delegado Duran, el abogado constitucionalista señaló que es “palpable”. No obstante, el también académico de la U. Alberto Hurtado sostuvo que, en general, esta herramienta “no está mal hecha, está mal aplicada”.
Diputados de la UDI, RN y el Partido Republicano cuestionaron las declaraciones del alcalde de Santiago, insistiendo en la responsabilidad política del delegado frente a los problemas de seguridad en la Región Metropolitana.
La acusación constitucional, que sería presentada la próxima semana, se convierte en el octavo intento opositor por llevar a juicio político a una autoridad del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Mientras el fiscal nacional volvió a referirse a los nexos entre las barras bravas y el crimen organizado, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, entregó nuevos detalles sobre el funcionamiento del departamento que reemplazará al fallido programa.