En un comunicado, la parlamentaria explicó que su decisión de adelantar su renuncia fue motivada por la necesidad de concentrarse en los cuidados de su hijo y defender su honor ante los ataques recibidos.
El propio Presidente Boric salió al paso nuevamente, aclarando que no considera que exista un “quiebre” con las implicadas. Incluso, desde la oposición, alertaron que dicha conversación no aporta a la investigación judicial en curso.
El Ministerio Público reiteró su compromiso con «el debido proceso y la protección de la reserva de las investigaciones, elementos esenciales para el correcto desarrollo de las diligencias y la garantía de los derechos de las partes involucradas».
Los chats, que incluyen fuertes críticas hacia el gobierno de Boric, fueron reveladas sin su consentimiento. A pesar de la polémica, ambas reiteraron su apoyo al presidente Boric y aseguraron que las críticas no reflejan su postura habitual.
«Matonaje político», así tildó el PC la amenaza de Chile Vamos de presentar una nueva moción de censura contra la mesa de la Corporación. Según la diputada Ossandón (RN), la parlamentaria comunista «carece de autoridad para conducir» la testera.
Desde la UDI, RN y Evópoli sostienen que «no hay margen» para la continuidad de la actual mesa encabezada por la legisladora comunista, cuestionada por un presunto tráfico de influencias en el marco del caso Sierra Bella.
Ante cuestionamientos de personeros de oposición, la diputada sostuvo que «estamos frente a una campaña de desprestigio y asesinato de imagen pública». «Dejaremos en claro que todas estas acusaciones carecen de cualquier fundamento», aseguró.
El abogado de la presidenta de la Cámara de Diputados manifestó que están dispuestos a ser parte de cualquier diligencia que designe la Fiscalía. Por otro lado, Andrés Celis (RN) presentó una querella por tráfico de influencias contra la comunista.
El diputado de Evópoli criticó al Partido Social Cristiano, pues a su juicio, lo que correspondía era interpelar a la presidenta de la Cámara, para que renunciara. En esa misma línea, acusó que la acción «le dio un nuevo triunfo a la izquierda».
Respecto a la acusación constitucional anunciada por la oposición tras la renuncia de la exministra Maya Fernández, el abogado dijo que con su salida le quita viabilidad política.
En la sesión de Sala estuvo presente la propia parlamentaria comunista, quien esta mañana llegó al Congreso acompañada de su bebé recién nacido. En declaraciones posteriores, la diputada acusó la existencia de un «ensañamiento político» en su contra.
Desde el oficialismo mantuvieron el respaldo a la presidenta de la Cámara y se reiteraron las críticas al allanamiento a su domicilio. «La promueven sabiendo que esas diligencias han vulnerado el contexto de parto», criticó Camila Musante (PPD).
El timonel del Partido Comunista aseguró que este fin de semana la colectividad definiría su carta presidencial. Por otro lado, acusó que las solicitudes para que Cariola renuncie a la mesa de la Cámara son «una indebida utilización política».
El diputado Henry Leal (UDI) advirtió que este mismo martes podrían presentar la moción dirigida a la mesa de la Corporación. Mientras, la parlamentaria Helia Molina (PPD) acusó que la derecha solo está haciendo «un punto político».
La diputada PC cuestionó la decisión de llevar a cabo la diligencia el mismo día de su parto y aseguró que se cometió una gran injusticia. «Es información con que la Fiscalía ha contado hace más de un año», dijo sobre sus chats con Irací Hassler.
El jurista Juan Carlos Manríquez señaló que “con los antecedentes reales, el Ministerio Público no habría tenido mérito para sustentar ninguna conjetura y menos un indicio de que se hubiera cometido algún delito».
El abogado afirmó que las conversaciones dan cuenta de “conductas que pueden ser constitutivas de delitos”. Además, señaló que en el caso de la ex alcaldesa de Santiago no se le podría atribuir una imputación, quedando la diputada peor parada.
