Las denuncias por el retiro de fondos desde cuentas de deudores del CAE desataron una fuerte controversia política. El oficialismo apuntó a la legalidad de los cobros y desde la izquierda presionaron por una mejor fiscalización.
Parlamentarios desde el PS hasta el Frente Amplio adelantaron que votarán en contra de la idea de legislar la Ley Miscelánea, acusando un severo desfinanciamiento de la red social.
La reducción del presupuesto abrió nuevas críticas hacia el Ejecutivo. Autoridades comunales y parlamentarios alertaron sobre efectos en hospitales, atención primaria y listas de espera.
Parlamentarios del Frente Amplio, el PC y exautoridades acusaron a la administración de beneficiar a los “superricos” y de utilizar la reconstrucción como “escudo humano” para aprobar su reforma tributaria.
Un documento de la BRIAC remitido a la Fiscalía de Coquimbo sugeriría intervenciones excepcionales ante el municipio de Santiago para favorecer la patente de un empresario.
Luego de que trascendiera que no se están contemplando recursos de libre disposición para el nuevo gobierno, Evelyn Matthei lo calificó de “inaceptable”. Jeannette Jara reconoció que le habría gustado “que se siguiera la lógica de siempre”.
Diputados oficialistas anunciaron que presentarán la acción legal ante Fiscalía para que se investigue la existencia de redes organizadas de desinformación que podrían configurar delitos informáticos y asociación ilícita.
La acción fue presentada por parlamentarios del oficialismo, apelando a que su desempeño en el caso Sierra Bella y la investigación por presunto tráfico de influencias de la diputada Karol Cariola compromete la credibilidad del Ministerio Público.
Mediante un comunicado la colectividad cuestionó la legalidad de la filtración y recalcó que las multas investigadas fueron pagadas, poniendo énfasis en la necesidad de respetar los tiempos de la justicia.
Una nueva investigación penal se abrió contra la diputada luego de que se revelaran contactos entre ella con alcaldes y ministros de Estado, por presunto tráfico de influencias. Su defensa denunció desacato del Ministerio Público.
La parlamentaria sostuvo que “queda muy claro que estas filtraciones responden a medidas desesperadas para conseguir, mediante los medios de comunicación, lo que no están logrando acreditar en la justicia”.
La diputada, firmante de la petición de remoción del persecutor, aseguró que en el marco de la investigación contra Karol Cariola, ha existido un actuar negligente. “Estamos frente a un escenario muy peligroso de lawfare”, acusó.
Diez parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio interpusieron el recurso, acusando al encargado de las diligencias en la investigación contra Irací Hassler y Karol Cariola de “negligencia manifiesta”.
El parlamentario del PC aseveró que es “peligroso que se instrumentalice al Ministerio Público para incidir en el cuadro político”. Por ello, insistió en la remoción del fiscal Cooper del caso de la ex presidenta de la Cámara Baja.
La exalcaldesa de Santiago, denunció una operación política por la filtración de sus chats con Karol Cariola, para perjudicarlas a ambas en sus eventuales candidaturas al Senado.
El jefe del Ministerio Público aclaró que la fiscal Claudia Perivancic liderará la indagatoria de oficio por eventuales revelaciones de los chats Cariola-Hassler. Además, destacó las diligencias de Cooper tras la “aparente violación de secreto”.
Tras la revelación de los chats entre la diputada comunista y la exalcaldesa Irací Hassler, el abogado Juan Carlos Manríquez y el fiscal Patricio Cooper realizarán un “trabajo de chequeo cruzado” para filtrar la información.
