La convencional mapuche proyectó que las salidas territoriales programadas esta semana en la Convención les darán “tranquilidad a la gente” sobre los avances del proceso y criticó al Gobierno por aplicar nuevamente un estado de excepción en el sur.
Abordando el estado de excepción de emergencia acotado en el Biobío y la Araucanía, el mandatario aseveró que es su deber como jefe de Estado el garantizar la seguridad en el país “sin complejos ideológicos”.
La jurista que ha asumido la defensa del machi Celestino Córdova y de José Tralcal dijo esperar el reconocimiento de que las forestales son el verdadero problema en la zona.
Tras los intentos fallidos por levantar el Estado de Protección y Resguardo, el Ejecutivo optó nuevamente por una fórmula acotada para destrabar y salir del paso de las diferencias entre las dos coaliciones oficialistas.
El Gobierno llevó una serie de reuniones con las bancadas oficialistas para acotar el estado intermedio. En tanto la ministra Vallejo reiteró que esta nace para atender las demandas de las comunidades.
La jefa del comité PC, FRVS e Independientes aseguró que su sector está en ánimo colaborativo con el Gobierno para efectos de que la medida garantice, efectivamente, mayor seguridad y que a la vez se resguarde la integridad de las comunidades.
El diputado valoró el anuncio del gobierno a avanzar a un “estado intermedio” e instó al presidente Gabriel Boric a respaldar el proyecto que permite mediante decreto supremo que militares resguarden infraestructura crítica.
La dimisión del ex consejero del INDH a la cartera del Interior se da en el marco del robustecimiento de la agenda de seguridad por parte del Ejecutivo, desde donde se fragua una medida alternativa al estado de excepción para desplegar a las FF.AA.
Según la furuta parlamentaria, la razón de mantener el estado de excepción en la macrozona sur es algún tipo de reconocimiento para el Ejecutivo ad portas de que la actual administración abandone La Moneda.
La diputada electa y representante mapuche por La Araucanía rechazó la extensión del estado de excepción constitucional aprobada por el Congreso y cuestionó las declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, contra la votación del candidato presidencial Gabriel Boric.
Ahora, la medida tendrá que ser revisada por el Senado, cuya sesión se topa en horario con la comisión mixta que discute el proyecto de cuarto retiro de los fondos previsionales.
El alcalde de Cunco y presidente de la AMRA defendió la realización del proceso para incidir en una eventual ampliación del estado de excepción en la zona, aunque reconoció que la medida no es suficiente para resolver la profundidad del conflicto.
El encargado de relaciones internacionales del Consejo de Todas las Tierras emplazó a los parlamentarios que reclaman mayor seguridad para la Macrozona Sur. “Tienen un doble discurso porque apoyan cada vez con mayor cantidad de recursos para la dotación militar y policial de la Araucanía y por otro lado llaman a la paz”, manifestó.
El conflicto en La Araucanía ha mostrado nuevos niveles de recrudecimiento en los últimos días. El parlamentario de la zona aseguró que en la región hay un movimiento armado que se ha levantado y usado como excusa la causa mapuche e hizo un llamado a deponer las armas y dialogar. “Ningún problema en el mundo se soluciona solo a través de la violencia, el diálogo es la alternativa”, manifestó.
La abanderada presidencial del PS, PL, PPD y Nuevo Trato señaló que “el Gobierno, haciendo uso de sus atribuciones y de la responsabilidad que le significa llevar adelante un proceso democrático, debe facilitar clara y concretamente la participación electoral de chilenos y chilenas el próximo 13 de junio”.
Si bien resolver los problemas entre el Estado y el pueblo mapuche no son parte de las atribuciones del gobernador regional, quien llegue a ese cargo en la zona tendrá que manifestar una posición política para contribuir al diálogo en la región.
Las principales áreas de acción de la Unidad de Coordinación Macrozona Sur, cuya coordinación nacional asume Pablo Urquizar, son la Coordinación Policial, la Persecución Penal, el Programa de Apoyo a Víctimas y la Gestión de Gobierno en la zona.
