Parlamentarios de la Nueva Mayoría y de oposición, criticaron algunas de las indicaciones aprobadas en materia de reforma educacional. El documento ahora es revisado por la comisión de Hacienda.
Los parlamentarios de ambos sectores discutieron álgidamente las indicaciones al proyecto que acaba con el lucro, la selección y el copago. ATEs y selección de alumnos fueron de los puntos más tensos de la jornada.
La dificultad de la tramitación del proyecto de ley de fin al lucro, al copago y a la selección amenaza con la posibilidad de que la iniciativa se promulgue fuera de los plazos en que ha apostado el Ejecutivo. Esto ante la posibilidad que ve la oposición de hacer valer sus posiciones en la Cámara Alta.
La discusión por sancionar el lucro en las Agencias de Asesorías Técnicas de Educación (ATE) alcanza a la interna de la propia Nueva Mayoría. Los estudiantes también manifestaron su molestia, por el hecho de que no se ataquen estas cuestionadas instituciones que presuntamente están vinculadas a políticos de diversas vertientes ideológicas.
Recordemos que la propia Contraloría comprobó la gran cantidad de recursos SEP que se pierden en instancias como éstas.
Pese a que la Nueva Mayoría daba señales en la dirección contraria, el ministerio de Educación estaría cediendo ante la presión de los diputados oficialistas que integran la comisión de Educación de la Cámara para la idea de penar el lucro con cárcel. Sin embargo, esta señal que se considera positiva, podría ser invalidada de no regularse bien, en el marco de la reforma, los mecanismos que permiten el lucro de manera “encubierta”.
El proyecto de ley que pone fin al lucro, al copago y a la selección cuenta con uno más de los siete votos que necesita en la comisión de Educación de la Cámara Baja, para su aprobación en general, lo que se decidirá este martes. Hasta ahora, estaría descartado un acuerdo en la materia con la oposición, aunque dependiendo de las audiencias recibidas se podrían introducir indicaciones en la discusión en particular. Desde el Mineduc enfatizan que se trata de la base de la Reforma.
El plazo al fin del copago volvió a abrir el debate sobre uno de los primeros proyectos de ley enviados por el Gobierno para la Reforma Educacional, en el cual existen persistentes cuestionamientos gremiales por parte de los particulares subvencionados, pese a lo señalado por las autoridades. Sin embargo, la situación revela la falta de “un mapa” de la reforma para la tranquilidad de los distintos sectores.
El Consejo de Defensa del Estado informó que actualmente son 17 los municipios que se investigan por desviar fondos de la Ley SEP, a fines distintos por un total de 16 mil millones de pesos. Municipios se defienden reclamando déficit de fondos fiscales para los establecimientos, mientras profesores exigen que se investigue y sancione a los alcaldes y responsables de las malversaciones o posibles fraudes.
Especialistas en formación pedagógica analizaron la situación de estos cuestionados organismos técnicos. Desde el gobierno anuncian un proceso de certificación y desde la academia piden que se evalúe no sólo su financiamiento, sino también su impacto sobre las comunidades educativas.
Con un mensaje a debatir con altura de miras, la Mandataria confirmó el envío al Congreso de los proyectos que ponen fin al lucro, al copago y a la selección escolar, además de una nueva institucionalidad para la educación parvularia. Parlamentarios oficialistas defendieron las iniciativas, mientras que los alcaldes apuntaron al siguiente paso: la desmunicipalización de los establecimientos. Por su parte, desde oposición esperan un espacio para debatir las condiciones de cada proyecto.
El Ejecutivo dará a conocer este lunes las nuevas iniciativas de ley, correspondientes a la reforma anunciada durante la campaña, y que apuntan al fin del copago, selección y lucro en el sistema escolar. Desde el movimiento estudiantil y otros sectores de la educación advierten sobre la falta de discusión. Todo esto, en la antesala del discurso del 21 de mayo ante el Congreso.
Representantes de la ACES y de las Federaciones de la Universidad de Santiago, Universidad del Biobio, del Pedagógico, entre otros, ingresaron un requerimiento de fiscalización a la Contraloría acusando abandono de deberes por parte del Ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre.
