En 2022 se promulgó esta iniciativa que consagra el suicidio femicida junto a otras garantías procesales para la víctimas de delitos sexuales. “Es una norma muy importante para ejercer justicia con enfoque de género”, afirmó la abogada Manuela Royo.
Manuela Royo criticó la decisión del comité de ministros de dar luz verde al proyecto. La medida causó rechazo también entre agrupaciones sociales y medioambientales por el impacto que podría generar en glaciares y la cuenca del río Mapocho.
La vocera de Modatima cuestionó el rol del oficialismo que prefirió conversar con sectores que no tienen legitimidad, antes que con la ciudadanía.
La dirigenta de Modatima cuestionó la falta de participación de las organizaciones sociales en el nuevo proceso constituyente y acusó a la derecha de tener “capturado” el debate para avanzar en un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas.
La iniciativa contempla ocho módulos en los que participarán académicos de la Universidad de Chile como Kemy Oyarzún y Claudio Nash, además de ex convencionales como Elisa Loncón, Gaspar Domínguez, Bárbara Sepúlveda y Manuela Royo.
La convencional se refirió al amedrentamiento del que fue víctima y por la cuál ingresó una querella criminal, aseverando que las amenazas radican en violencia patriarcal. Junto a eso, se refirió a los avances de la comisión de Armonización.
El autor de las amenazas estudia en la misma Universidad donde la constituyente se desempeña como académica. Actualmente, el sujeto mantiene vigente una suspensión condicional por amenazas contra la ministra del Interior, Izkia Siches.
La Convencional valoró también la aprobación del derecho humano al agua, aunque en su opinión “no basta una transformación constitucional, sino que también hay que abordar los ordenamientos territoriales”.
Las convencionales fueron elegidas Voceras Nacionales de MODATIMA en su IV Encuentro Nacional y forman parte de las y los diez integrantes de la Mesa Nacional de la organización que lucha por recuperar el agua en los territorios.
La promulgación del nuevo Código de Aguas generó críticas ya que la actual normativa generaría dos sistemas de control que mantiene los derechos otorgados y no considera los vacíos que permitirían proteger, de manera más efectiva, el recurso natural.
En medio de una de las peores sequías de la historia y con el desarrollo del proceso constituyente que pretende mejorar la protección del recurso, las voces expertas en la materia coinciden en la urgencia de modificar el Código de Aguas ya que “ha generado un problema grave en la priorización de los usos del agua”.
Representantes de universidades, movimientos sociales en defensa del agua y comunidades mapuche se reunieron en un trawun a los pies del volcán Tolhuaca, para manifestar su rechazo al proyecto geotérmico Adobera.
A sólo tres días de la asunción del primer Gobierno feminista en la historia del país, las protagonistas del Proceso Constituyente realizaron intervenciones para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, mientras Elisa Loncon señaló que “acá estamos instalando las historias de nuestros pueblos y de nuestras madres, y eso le está dando contenido a este país y a esta Constitución”.
La abogada y representante por la Región de la Araucanía se refirió a las amenazas de muerte en su contra y abordó el actual trabajo de la Convención Constitucional. Esto, en una semana marcada por las primeras votaciones en las siete comisiones temáticas, que incluso han provocado públicas diferencias con los Poderes del Estado.
La convencional afirmó que “en el fondo se está ocupando un resquicio como el estado de excepción para militarizar de forma ‘legal’ el Wallmapu”.
La medida busca dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto “Hueñivales”, ya que omite el impacto ambiental que tendrá sobre la Comunidad Indígena Benancio Huenchupan a quienes, además, excluyeron de la consulta indígena respectiva.
La comisión de Constitución evaluará durante esta jornada la iniciativa que busca dejar en libertad a los detenidos durante las movilizaciones sociales iniciadas en octubre de 2019. La convencional Manuela Royo indicó que la aprobación ayudaría a restituir la justicia social en el país.
