La presidenta de la Comisión de Probidad relevó que las bandas criminales cometen delitos no solo por “una visión sádica”, sino que también con un fin económico. Para ello, necesitan una institucionalidad débil que no cumpla las normativas
Para la directora ejecutiva de Chile Transparente, los partidos “debieran dar explicaciones a la ciudadanía cuando son sus militantes los que cometen irregularidades”. En referencia a la respuesta, valoró que “Chile, quizás tarde, reacciona”.
Las propuestas fueron recogidas de la Comisión Ministerial presidida por María Jaraquemada para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado.
El organismo presidido por la abogada María Jaraquemada, propuso un total de 46 medidas, entre las que destacan la creación de la ley general de transferencias y ampliar la cobertura del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas.
La directora de Chile Transparente recalcó que “hemos visto que muchas veces hay bastantes casos que impactan a la opinión pública, pero que no generan el mismo impacto en los poderes del Estado que son los que tienen el poder para generar cambios”.
A juicio de la abogada, se tienen que hacer reformas que impidan una repetición de lo registrado en Vitacura. “Lo que no puede ocurrir es que funciones públicas se realicen a través de organizaciones privadas que no tengan control”, agregó.
La directora de Chile Transparente afirmó que este caso ha generado una sensación de injusticia e impunidad respecto a la lucha contra la corrupción. A su vez, señaló que se debe respetar el tiempo del proceso judicial en el Caso Torrealba.
La directora ejecutiva de Chile Transparente se refirió a la situación que envuelve al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba y recalcó que la corrupción “no es un tema de ideologías porque acá están todos los sectores involucrados”.
La directora ejecutiva de Chile Transparente se refirió a la investigación por malversación de caudales públicos en el Ejército y el eventual mal uso de asignaciones en el Congreso.
La directora ejecutiva de Chile Transparente señaló que es necesario avanzar en fortalecer los mecanismos de control y fiscalización de los gobiernos locales para evitar casos como los de Karen Rojo, Miguel Ángel Aguilera y otros.
A propósito de la nueva polémica por uso de recursos públicos por parte de parlamentarios, conversamos con dos expertos en transparencia sobre lo ocurrido con Fundación Jaime Guzmán y cómo Chile puede avanzar hacia un uso eficiente y eficaz de los fondos de todos los chilenos.
La directora de Incidencia de la Fundación Espacio Público, admitió que los últimos dictámenes judiciales en el caso Penta afectan el trabajo realizado sobre la Agenda Anticorrupción. A esto, se suma la reciente decisión de la comisión parlamentaria que rechazó legislar a favor de penas más duras para el delito de cohecho.
Así lo confirman las cifras del Observatorio Anticorrupción de las fundaciones Espacio Público y Ciudadano Inteligente, las cuales si bien muestran algunos avances en la Agenda de Probidad y Transparencia impulsada por el Gobierno, aún se está al debe en la institucionalidad y normativas que apuntan a evitar los actos de corrupción en la administración pública.
La permisividad de la legislación anterior a los escándalos de probidad ha quedado nuevamente en evidencia luego que se dieran a conocer las declaraciones de patrimonio de los candidatos a las próximas elecciones municipales las cuales carecen de información relevante para la ciudadanía.
Con un 4,3 fue calificada la gestión del Gobierno en materia de agenda de transparencia en la política, de acuerdo Observatorio Anticorrupción. Si bien reconocen avances importantes la aprobación de la Ley de Partidos y de Fortalecimiento de la Democracia, enfatizaron en que aún hay áreas en las que falta regulación, como es el caso de la “puerta giratoria” entre el mundo público y privado.
Comisión de Probidad del Senado despachó el sexto proyecto relativo a probidad y transparencia, que regula el ejercicio de la función parlamentaria y define las sanciones en casos de ausencias reiteradas a las comisiones, entre otros aspectos. Expertos señalaron que si bien es un avance, aún quedan áreas por regular de la actividad de los congresistas.
Los escándalos de corrupción, delitos tributarios y de colusión que se han conocido este 2015 plantea la interrogante respecto de la robustez de nuestra institucionalidad para poder dar frente a este tipo de ilícitos. Analistas sostienen que nuestra frágil legislación es la responsable de los escándalos que se han destapado durante este año.
