Este jueves 24, junto con la salida a Transición de diez comunas de la RM, el Gobierno anunciaría modificaciones en el esquema del llamado Plan Paso a Paso. Tales cambios llegan luego de las reuniones del Ministerio de Salud con un grupo de expertos, gremios y organizaciones sociales y, según explicó el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, serían una sistematización de los resultados del trabajo de esa mesa técnica.
Como confusa, calificó el académico de la Universidad de Chile las idas y vueltas del Ejecutivo en torno a la conducción de la pandemia. “Generan una mala percepción general y minan aún más la confianza que se tiene en la institucionalidad”, dijo el presidente de Creando Salud.
Dichas organizaciones concentran gran parte de la deuda estatal. Especialistas señalan que es muy difícil que el Ejecutivo tome medidas de fondo para terminar con el pago que debe hacer el Estado para paliar el déficit de atención.
El director de la Fundación Creando Salud, Matías Goyenechea, se refirió a los cargos que formulará la Superintendencia de Salud en contra de las isapres Banmédica, MásVida y Cruz Blanca, afirmando que se trata de un asunto formal que no cuestiona el modelo de fondo. Por su parte, el abogado Mauricio Daza, criticó la demora en las acciones por parte del organismo estatal.
Las suculentas ganancias que han registrado las isapres durante 2016 han vuelto a poner sobre la palestra el debate sobre la reforma al sistema de salud privado, que si bien forma parte del Programa de Gobierno de la Nueva Mayoría, aún no ve la luz. Organizaciones sociales hacen énfasis en la necesidad de crear un sistema de seguridad social de salud para Chile.
Parlamentarios criticaron que el proyecto de reforma a las isapres esté “desahuciado” por el Gobierno debido a los desacuerdos al interior de la Nueva Mayoría. Para el director de la Fundación Creando Salud, Matías Goyenechea, con esto las isapres buscan que el Estado solucione sus problemas de regulación.
Este lunes la superintendencia de salud dio a conocer las cifras relativas al costo de la salud privada del año 2015. De acuerdo a los datos, el organismo concluyó que las isapres tienen un deficiente control de costos y gastos. Sin embargo, el envío de la comprometida reforma al sistema privado continúa en la incertidumbre.
Mientras que desde organizaciones sociales plantean que los cambios al sistema sólo serían regulaciones en función de las necesidades de las aseguradoras privadas, parlamentarios manifestaron su molestia por la demora en la presentación de este proyecto por parte del Gobierno.
Las denuncias de municipalidades que cuentan con Farmacias Populares sumaron un nuevo argumento para el proceso constituyente que se lleva a cabo, esta vez sobre el rol subsidiario del Estado, luego de que farmacéuticas decidieran vender más caro los medicamentos a las droguerías comunitarias, alcaldes y organizaciones aseguraron que la Constitución y las leyes deben impedir este tipo de arbitrariedades.
Organizaciones sociales relevaron dos de las principales reformas comprometidas en el Programa de Gobierno y que aún no ven la luz. Desde Creando Salud sostienen que “lo que se está tratando de hacer hoy en día, es poner el freno para evitar otro frente de conflicto a un gobierno que ya tiene muchos problemas”.
Según el informe revelado por el organismo, el ítem de salud representa el 6,3 por ciento del gasto total de una familia en el país.
120 municipios se acercaron al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue para preguntar por la Farmacia Popular Ricardo Silva Soto, que a través de un sistema comunitario desafía las trabas de la Constitución para ofrecer a los vecinos medicamentos un 95 por ciento más baratos respecto de la oferta del mercado. Si bien algunos creen que esto está reemplazando un deber del Estado, otros apuntan a que el modelo debe ser replicado.
Desde las aseguradoras de salud indicaron que producto de la reformaque pretende iniciar este mes el Gobierno, las Isapres podrían perder cerca de $800 millones de pesos.
Según las organizaciones sociales el problema en salud tiene que ver con la inyección de recursos y con la dotación de personal. “No basta con la construcción de hospitales, porque esos hospitales no sólo no van a tener el financiamiento adecuado”, explicaron desde la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de la Salud.
Diez años cumple el Plan Auge desde su implementación. Pese al tiempo transcurrido, gremios de la salud insisten en que no ha sido un real aporte a la solución de la crisis de la salud pública.
El subsecretario de Salud, Jaime Burrows denunció la semana pasada que las farmacéuticas están ejerciendo presiones indebidas en el Parlamento por la tramitación de la Ley Ricarte Soto. Políticos y organizaciones sociales respaldan estos dichos que es “sorprendente” la conducta que han tenido estas empresas.
El Fondo Nacional de Salud anunció un reajuste del valor de sus prestaciones en un 3 por ciento para este año, lo que está por debajo del IPC, situación por la cual los médicos expresaron su preocupación ya que los precios no reflejarán los verdaderos costos en salud, lo que perjudicará a los usuarios del sistema público, aseguran.
