Las penas van desde los diez años a los trece años de presidio para los autores materiales e intelectuales.
Además, el Tribunal de Alzada ratificó la sentencia civil que condena al los ex uniformados, solidariamente con el Estado de Chile al pago de 260 millones de pesos a la familia del asesinado abogado, Fernando Valenzuela, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y secretario de la Fiscalía de la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo).
El ministro Carroza dictó el fallo condenatorio contra Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff a 8 años de presidio en calidad de autores de los delitos de secuestro calificado de los estudiantes de filosofía Óscar Dante Valdivia González, Luis Hernán Núñez Rojas y Rodrigo Alejandro Medina Hernández ocurridos en mayo de 1976.
Los ex agentes de la DINA fueron sentenciados a cinco años y un día de presidio por su participación en la desaparición de María Galindo Ramírez.
El tribunal de alzada dictó la sentencia por el delito de secuestro calificado del dirigente del Partido Socialista Joel Huaiquiñir Benavides ocurrido el 27 de julio de 1974, en la Región Metropolitana y revirtió la decisión original de absolver a los ex agentes César Manríquez Bravo y Orlando Manzo Durán, condenándolos como como coautores.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Carlos Margotta, consideró que la postura del Gobierno respecto de un “nunca más” debe verse reflejada también en los actos, y no solo en discursos. Por su parte, la presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, exigió que el mandatario Sebastián Piñera se pronuncie al respecto. El Gobierno apoyó las sanciones del Ejército de marginar a los dos oficiales implicados en el homenaje.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, y su par de defensa, Alberto Espina, apoyaron la determinación del Ejército de apartar de la institución a Germán Villaroel y Miguel Krassnoff Bassa, pues indicaron que en dependencias públicas, como lo es la Escuela Militar, no se puede homenajear a personas condenadas por la justicia.
A pesar de que el Ejército declaró que la intervención en el acto fue una decisión personal del hijo del ex agente de la DINA, a través de Twitter el ministro de Defensa, Alberto Espina, señaló que se solicitó una investigación para determinar responsabilidades, pues “los recintos militares, como ningún espacio administrado por el Estado, puede ser utilizado para realizar actos a condenados por la justicia por crímenes”.
Si bien el abogado de los internos de Punta Peuco, Raúl Meza, anunció que suspenderá la presentación de un recurso de amparo para pedir la libertad de quien es sindicado como uno de los agentes más inescrupulosos de Pinochet, aseguró que se seguirá recurriendo a instancias judiciales para excarcelar a ex uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad.
El medio digital El Dínamo tuvo acceso al testimonio de un suboficial de Ejército (r) que participó de un vuelos con destino al mar para arrojar los cuerpos vivos de militantes de izquierda.
La documentalista y ex compañera de Miguel Enríquez se refirió al fallo en contra del brigadier en retiro del Ejército por la muerte del dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR): “Miguel Enríquez combatió y resistió para vivir, puesto que la DINA y los agentes condenados venían a matar”, afirmó.
La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a ocho ex integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Luis Eduardo Durán Rivas. El estudiante de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile fue detenido desaparecido desde el 14 de septiembre de 1974 y una de las víctimas de la denominada Operación Colombo.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos se manifestó conforme con la decisión del ministro en visita Mario Carroza, quien determinó que Miguel Enrìquez no murió en un enfrentamiento, sino en un operativo a cargo de Krassnoff.
La cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó disminuir de ocho a tres años la pena dictada al ex agente de la DINA, Miguel Krassnoff, por el caso de Germán Moreno. Familiares del ex mirista y representantes del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior interpondrán un recurso de casación contra la medida.
La Corporación Londres 38 entregó antecedentes sobre cinco ex oficiales de Carabineros condenados por crímenes de lesa humanidad ejecutados durante la Dictadura que actualmente se encuentran prófugos. Desde la organización señalaron que estas personas se encontrarían en Chile porque siguen cobrando mensualmente sus pensiones en Dipreca.
La Primera Sala del Tribunal de Alzada acogió, de manera parcial, un recurso de protección presentado por la defensa del brigadier que cumple pena de presidio en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad. La resolución posibilita que Krassnoff pueda solicitar la libertad condicional a la Comisión respectiva.
Durante esta mañana se realizó la reconstitución de escena de la muerte de Miguel Enríquez, dirigente del MIR, que busca esclarecer si se produjo a causa de un enfrentamiento o si fue parte de una ejecución de la DINA durante la dictadura. El ministro en visita Mario Carroza aseguró que es necesario determinar las responsabilidades del caso si es que las hubiera, pero con prudencia.
