A un par de meses de concluir su trabajo como presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, la diputada comunista, en conversación con Radio Universidad de Chile, realiza un balance de los logros, conflictos, críticas y postergaciones que ha debido enfrentar, dentro y fuera del Congreso.
Se espera que en los próximos días intervenga el ministerio de Educación para buscar una salida a la paralización de los trabajadores. Mientras, dirigentes dicen que “ha habido todo tipo de presiones” para detener la movilización.
A la espera del fallo íntegro del Tribunal Constitucional, la educación superior define este lunes diversos aspectos. Y si bien el Ejecutivo confirmó que ninguna universidad estatal quedará fuera del beneficio, entre los planteles afectados, como la Universidad Arturo Prat, advierten sobre el grave daño que ha generado el Gobierno con sus políticas.
Decisión del Tribunal Constitucional de revisar la glosa que implementa derecho a gratuidad no solo generó reacciones desde el duopolio político. También entre los diversos actores de la educación superior. Entre los estudiantes advirtieron que “ese tipo de discusión, dónde no está presente la sociedad, debería tener su fin en esta etapa”.
Esta semana la Comisión Especial Mixta deberá dirimir la propuesta sobre la modalidad del ministerio de Educación para aplicar el beneficio. Mientras el ministro de Haciendo advirtió que los recursos se deben usar mejor, parlamentarios oficialistas dicen que no se puede “bloquear el avance de este proceso”.
Continúa la pesadilla que viven quienes quisieron ser profesionales estudiando en la Universidad del Mar, casa de estudios clausurada luego de múltiples irregularidades que afectaron a más de 20 mil alumnos que hoy ven en riesgo su patrimonio, pues los documentos financieros comprometidos, en muchos casos, permanecen vigentes y en manos de la banca privada.
Desde el Ministerio de Educación valoraron el avance de la iniciativa que busca descentralizar la oferta de educación superior. El proyecto de ley deberá pasar por su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
Los académicos Luis Riveros y Víctor Pérez apuntan al desempeño del ahora titular de Segpres por abandonar la educación pública y carecer de diálogo y claridad, incluso en sus equipos asesores. “El problema es la improvisación errática con que ha sido implementado el programa”.
En el contexto de los diálogos prelegislativos que iniciaron junto al Gobierno, dirigentes estudiantiles rechazaron la posibilidad de un nuevo gravamen, propuesta que habría surgido desde el Ministerio de Educación. Además, lamentaron que la gratuidad para el 2016 se establezca a través de la Ley de Presupuesto.
Contratos ilegales, asesorías irregulares, designaciones y destituciones de los rectores por fuera de los estatutos internos y presencia de sociedades con fines de lucro son parte de las denuncias que estudiantes y académicos de la Universidad Central acusan ante el Mineduc. “La Universidad es una olla a presión”, “los únicos responsables son los miembros de la Junta Directiva”, señalan pidiendo que se nombre un Administrador Provisional para ordenar la casa.
Su presidente, Jaime Gajardo, recordó que el Ministerio de Educación pidió plazo hasta el próximo 30 de septiembre para solucionar el tema.
La movilización, fijada para el próximo 6 de octubre, apunta a que el Ejecutivo se decida a fortalecer la educación pública y fundamentar de mejor manera el tema de la gratuidad.
El encuentro, es convocado por la “Iniciativa Ciudadana por la Nueva Educación Pública”, entidad extra gubernamental promovida por el oficialismo que cuenta con la participación de rectores, académicos y estudiantes, y que se propone contribuir a la reforma estructural de la Educación, desde una perspectiva ciudadana.
Los universitarios protestan en contra del grupo formado por Adriana Delpiano. Los dardos apuntan, principalmente, contra Sergio Bitar, a quien califican como “el símbolo de la educación de mercado”.
El proyecto recibió indicaciones por parte del Ejecutivo y también de parlamentarios, cuya discusión es particular se inicia este martes en la Comisión de Educación de la Cámara.
Como integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, el parlamentario apunta a la campaña del terror que ha existido respecto de la ley de inclusión escolar, así como a los errores políticos y comunicacionales del Gobierno en el diseño de la Reforma y los supuestos beneficios.
Las presiones de los rectores obligaron al Ministerio de Educación a dar pie atrás en los cambios a las definiciones sobre qué entidades pueden acceder al sistema de gratuidad en la educación superior. Además, se postergó el envío del proyecto respectivo para diciembre.
