El acuerdo contempló el compromiso de los ministerios de Economía y de Obras Públicas para erigir una caleta permanente en la capital regional. Del mismo modo, se acordó levantar una mesa de trabajo para evaluar una reparación económica por los perjuicios provocados a los trabajadores y sus familias.
Según la sentencia, no existieron incumplimientos a la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto, y los demandantes no probaron la afectación psicosocial de la comunidad.
El titular de Hacienda aseguró que la gente que tiene automóviles representa a un grupo con una «situación especial y favorable» respecto del resto de la población.
El ex diputado UDI, vinculado con un caso de cohecho y tráfico de influencias, acusó “mala leche” y dijo que “cuando te pasan estas cosas uno finalmente no sabe cómo actuar”.
El acuerdo se aplicará en la Autopista Central, Costanera Norte, Vespucio Sur y Vespucio Norte.
Aunque el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, aseguró que se están tomando las medidas necesarias para evitar la congestión, instó a las personas a utilizar los horarios de menor congestión.
Luego de que la Justicia determinara que no existió responsabilidad de la empresa española Avzi en la construcción del puente Cau Cau, el Ministerio de Obras Públicas, a través del subsecretario Lucas Palacios, aseguró que aún no ha sido notificado por dicho fallo, que obligaría al Estado a pagar 1,2 millones de dólares.
El acuerdo fue propiciado por el 3er Tribunal Ambiental de Valdivia luego de un primer trámite de conciliación de partes, en el que tanto el titular del proyecto como el Ministerio de Obras Públicas accedieron a estudiar soluciones conjuntas para los puntos presentados por ocho familias de San Fabián de Alico que en noviembre pasado fueron violentamente desalojadas.
Vecinos y organizaciones se han puesto en pie de guerra contra el proyecto Embalse La Punilla impulsado por el MOP y concesionado a la empresa Astaldi. Incumplimientos, desalojos y un profundo impacto ambiental han marcado la implementación de una iniciativa que hoy enfrenta a la justicia.
La creación de un plan de acción inmediato junto con nuevas inversiones para los principales accesos a Santiago, son algunas medidas que maneja el Ministerio de Obras Públicas para evitar un nuevo colapso en las autopistas como el ocurrido este fin de semana.
Lucas Palacios, subsecretario de Obras Públicas, anunció una mesa de trabajo para enfrentar la alta congestión que se produce en diferentes carreteras.
Mientras una agrupación prepara una demanda colectiva, cientos de automovilistas participaron de bloqueos en las rutas 5 y 68 para protestar contra el costo de utilizar vías que, en algunos casos, son los únicos accesos a sus hogares. «Nos dejan encerrados con una gran política pública, sin participación ciudadana», acusan los voceros del movimiento.
El borrador del proyecto debía presentarse en septiembre de 2015, sin embargo a la fecha, la discusión continúa en cero.
Desde distintos sectores advierten la poca claridad que existe respecto del proyecto del Gobierno. Para algunos, se debe evitar los grandes anuncios que no puedan cumplirse. Para otros, fortalecer las alianzas público-privadas. Incluso, aquellos que advierten su preocupación de que los empresarios estén de acuerdo.
El Diario de la Universidad de Chile entrevistó a quienes han seguido de cerca la reconstrucción de la Villa Olímpica, la Villa Canadá, el Barrio Yungay y la Villa Portales. Las conclusiones generales son que la calidad, provista mediante la intervención municipal, ha estado por debajo del nivel esperado y en algunos casos se tuvo que volver a construir lo «reconstruido». En otros ni siquiera hubo aportes del Estado y el proceso estuvo a cargo de los mismos vecinos.
La construcción de esta obra vial ha tenido la férrea oposición de los vecinos de la comuna de La Reina y Peñalolén, donde dirigentes vecinales denuncian que se ha tratado el tema con poca claridad, nula participación ciudadana y afirman que el proceso es discriminatorio.
Con una capacidad de 600 millones de metros cúbicos, el embalse va servir, según argumentan los defensores del proyecto, para la duplicación de la capacidad de riego por los agricultores del área.
