De acuerdo con las querellas del Ministerio de Seguridad y del Consejo de Defensa del Estado, los exsuboficiales tenían el mismo modus operandi: adquirían la droga en el norte, la almacenaban en domicilios particulares y la transportaban en maletas.
El fenómeno muestra un cambio en los patrones comisivos desde 2022, con presencia de armas, vehículos y participación de imputados con antecedentes. Además, se identificaron nueve tipos de secuestro, entre ellos extorsivos y ajustes de cuentas.
La acción fue presentada por parlamentarios del oficialismo, apelando a que su desempeño en el caso Sierra Bella y la investigación por presunto tráfico de influencias de la diputada Karol Cariola compromete la credibilidad del Ministerio Público.
Tras la polémica liberación de Alberto Mejía Hernández, el sicario prófugo, la diputada Musante (IND) calificó el hecho como una “fractura irreparable” del sistema. Mientras, el ministro Cordero alertó sobre el crecimiento del sicariato en Chile.
En el marco del 11 de julio, Día Nacional del Periodista y aniversario Nº69 de la Institución, la Orden profesional se declaró en alerta máxima frente a la iniciativa que endurece las condenas por la divulgación de información de causas penales.
El organismo autónomo presentó una contienda de competencia para obtener información clave sobre cinco funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile detenidos por presunto tráfico de drogas en un vuelo institucional.
Fiscalía solicita desafuero de diputados Lavín León y Calisto por fraude al fisco, relacionados con uso irregular de asignaciones parlamentarias. El Ministerio Público busca formalizarlos, citando la gravedad de los antecedentes.
“Para seguir adelante una investigación de estas características se necesita tener confianza en la institucionalidad”, aseguró Karina Riquelme, abogada de Pablo San Martín Chuñil.
Mediante un comunicado la colectividad cuestionó la legalidad de la filtración y recalcó que las multas investigadas fueron pagadas, poniendo énfasis en la necesidad de respetar los tiempos de la justicia.
El Ministerio Público precisó que ninguno de los viajeros se desempeña actualmente en la institución. Entre los involucrados hay persecutores, personal administrativo, abogados asistentes, asesores jurídicos, técnicos y auxiliares.
La académica de la U. de Chile valoró el fallo en el caso de Josefina Huneeus ya que “pone límites al persecutor en cuanto a cómo tiene que llevar diligencias intrusivas”. Además, alertó incapacidad de Fiscalía para cautelar derechos.
El fiscal nacional justificó el cambio en ProCultura señalando que podría usarse “como pretexto para cuestionar la validez de un conjunto de diligencias”. Para proteger la causa, afirmó, “lo más seguro es que la conduzca otro fiscal”.
La decisión del fiscal nacional Ángel Valencia se produce luego de que escuchas telefónicas a Josefina Hunneus fueran consideradas ilegales. La causa será asumida ahora por la Fiscalía Regional de Antofagasta.
Mariela Santana cuestionó la rotación constante de fiscales en la causa, así como los reiterados allanamientos dirigidos a los hijos de la dirigenta mapuche. “De aquí en adelante esto tiene que cambiar”, aseveró.
El motivo, según informó la fiscal Rossana Folli, fue el rechazo del tribunal a ampliar el plazo de investigación solicitado por la Fiscalía. La Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea valoró la decisión.
El jefe del Ministerio Público destacó el liderazgo del fiscal regional Roberto Garrido en la detención de uno de los últimos tres detenidos por los homicidios de tres carabineros en abril del año pasado en Cañete.
En el Juzgado de Garantía de esa comuna se realizará hoy en la mañana el control de detención y eventual formalización de Tomás Antihuen Santi (22), por los crímenes cometidos el 27 de abril de 2024.
