El máximo tribunal dio curso a la acción penal contra el ex fiscal regional por presuntos delitos de cohecho, violación de secretos y prevaricación, habilitando la investigación de sus nexos con el abogado Luis Hermosilla.
La decisión del tribunal de alzada acogió parcialmente la apelación de la defensa, mientras el abogado cuestionó a la Fiscalía y pidió que la fiscal Parra declare por sus contactos y gestiones en el marco del caso Audio.
Como acusado del parricidio de su madre, Javier Troncoso Chuñil recibió la cautelar más gravosa; para sus hermanos el tribunal decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional, que regirán si la Corte de Valdivia confirma la resolución.
La institución impuso una sanción y apartó de sus funciones al funcionario responsable. Además, notificó “de inmediato al Ministerio Público para que inicie la indagatoria correspondiente”. “Esta grave falta no será tolerada”, aseveró el servicio.
El Ministerio Público acusó a la expresidenta del partido y a otros 10 imputados por fraude de subvenciones en la campaña por la gobernación de Santiago en 2021. Oliva habría declarado servicios no prestados para obtener devoluciones del Servel.
La abogada de Nayadeth Macarena Torres Venegas justificó transferencias bancarias con otro gendarme que alcanzaron cerca de los 7 millones de pesos. “Ellos tienen una cercanía profunda”, alegó, desestimando los delitos de soborno y cohecho.
Los casos registrados por el Ministerio Público muestran un incremento del 73% en la tasa total entre 2022 y 2024, con una especial afectación en adolescentes mujeres.
El fiscal nacional afirmó que los antecedentes públicamente conocidos “ameritan ser investigados” y que este martes se adoptará una decisión sobre cómo procederá el Ministerio Público.
A un año de la desaparición de la dirigenta mapuche Julia Chuñil, el académico de la Universidad Católica e investigador del CIIR cuestionó el manejo comunicacional y judicial del caso por parte del Ministerio Público.
El candidato Marco Enríquez-Ominami busca esclarecer la supuesta “persecución política” en su contra y exigir correos internos de fiscales vinculados a la causa. Por otro lado, criticó al Gobierno afirmando que deja un “desastre presupuestario”.
El experto en derecho penal no dio crédito a las críticas contra la Fiscalía, en cambio, cuestionó la labor que realizó el tribunal. Para Riego, las magistradas a cargo del proceso “perdieron el control del juicio o nunca pretendieron controlarlo”.
El proceso que lleva 11 años de tramitación involucra a ocho acusados, entre ellos el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, el exsenador UDI Pablo Longueira y el exgerente general de la empresa minera, Patricio Contesse.
El Fiscal Nacional rechazó la solicitud de remover a la Fiscal del caso, Tatiana Esquivel. La abogada de la familia acusó que esta decisión ignora argumentos legales que apuntan a que Esquivel vulneró la Ley Orgánica por “opiniones personales”.
Asimismo, el documento del Ministerio Público detalla que el delito más frecuente en el período fue el de la violencia institucional cometida por agentes del Estado, seguido de los saqueos y delitos contra la propiedad.
El fiscal nacional se refirió a las declaraciones que realizó la contralora Dorothy Pérez en Enade, donde señaló que han detectado “diferencias en el peso de la droga incautada por las policías y los recibidos por los servicios de salud”.
El fiscal regional suspendido, Carlos Palma, fue formalizado por revelar secretos al abogado Luis Hermosilla a través de WhatsApp en 2022, compartiendo incluso una grabación judicial no presentada. El Juzgado de Coyhaique decretó arraigo nacional.
El director ejecutivo de la organización de derechos humanos, Rodrigo Bustos, calificó los antecedentes recientemente revelados como “tremendamente graves” y señaló que el Estado de Chile debe redoblar los esfuerzos en la indagatoria judicial.
