La represión policial ha sido la tónica de esta primera jornada de estado de excepción constitucional. En distintas comunas de Santiago se puede observar una protesta generalizada con cacerolas y bocinazos.
El abogado y profesor de la la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile criticó duramente la decisión del gobierno de decretar estado de emergencia y señaló que no se está entendiendo que el estallido social de ayer es mucho más profundo que el reclamos por el alza de pasajes de metro. “La decisión de entregar mayor represión implica no haber entendido en ningún momento cuál es la naturaleza del problema que se enfrenta”.
La presidenta de la CUT consideró que el Gobierno es responsable de las manifestaciones ocurridas contra el alza en el transporte público y añadió que se debe rebajar el costo del pasaje.
Las organizaciones convocantes de esta movilización por una “vida digna” no pudieron marchar por las calles de Santiago debido al accionar de la policía uniformada. Se registraron incidentes en varios puntos de la capital.
Después de fallidas negociaciones con asesores de Gobierno por reajuste salarial y mejoras laborales, los 15 gremios que componen la mesa negociadora exigen una mejor propuesta por parte del Ejecutivo, además de la presencia de los ministros de Hacienda y Trabajo. Hoy, los funcionarios se encuentran en paro indefinido.
Estudiantes de Quintero y Puchuncaví, junto a miembros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), se manifestaron afuera de una de las empresas sindicadas como responsable de la catástrofe ambiental en la zona de la quinta región. Para este jueves está convocada una marcha nacional. En Santiago la concentración será en Plaza Italia a las 18:30 horas.
El desastre ambiental ocurrido en Quintero y Puchuncaví ha derivado en una jornada solidaria de movilización nacional para este jueves. Miles de personas, en diferentes localidades del país, protestarán por la contaminación y proyectos mineros extractivistas que afectan a sus territorios.
El vocero del movimiento No + AFP, Luis Mesina, fue detenido junto a otras 12 personas que se encontraban protestando en contra del sistema de pensiones. Las manifestaciones continuarán durante la tarde-noche de este miércoles.
Más de 30 instancias representativas de trabajadores, usuarios y fundaciones protestaron ante el programa de concesionar la construcción y administración de varios hospitales del país. Para los dirigentes la idea no es más que la privatización de la salud pública.
La Federación que agrupa a las distintas organizaciones profesionales del sector realizó una acción protesta por 12 horas en todo el país, debido al no acatamiento, por parte del ministerio de la resolución de la entidad fiscalizadora, la cual estableció que los profesionales podrán atender en las unidades de Ginecología, Obstetricia y Neonatología.
La postura de los alumnos se da luego que el Ministerio anunciara que el plazo para iniciar el año académico vence el 3 de julio.
Desde el año pasado que las personas vienen manifestándose en contra del proyecto de la empresa Ciclo S.A., el que significaría un serio riesgo para la salud de los habitantes.
La protesta fue liderada por cerca de 40 trabajadores de las obras del Centro Cultural. Por ello, los manifestantes se tomaron tres grúas de la construcción.
La manifestación fue encabezada por el Comité de Allegados de Peñalolén que exige al Serviu que cumpla con el compromiso que adquirió con la organización respecto de un proyecto habitacional en el sector de El Sauzal en dicha comuna.
La acción judicial fue presentada por la familia del adolescente que acusa haber sido “obligado a desnudarse” y realizar “sentadillas”, luego de su detención en el marco de una manifestación social.
En la ocasión, los participantes denunciaron que el Ministro de Energía, Máximo Pacheco, ha actuado a favor de la minería. ” Ha desoído la voz de las comunidades, de distintas organizaciones que nos hemos manifestado durante años diciendo que no podemos estar a merced ni expensas de las necesidades energéticas empresariales”, dijo Javier Zúñiga, vocero del movimiento No a Alto Maipo.
El parlamentario fue deportado por participar de una manifestación, tal como también lo ha hecho en otras ocasiones Chile con ciudadanos extranjeros. La actitud del dirigente de Evópoli fue calificada como una imprudencia en el Congreso.
