Sobrevivientes de sus torturas han descrito a Klug como “particularmente brutal y sádico”. De acuerdo a diversas organizaciones, la mayoría de los cien desaparecidos de la región del Bíobio durante la dictadura pasaron por sus manos.
Entre ellos, destacan los ex DINA involucrados en la denominada ‘Operación Colombo’, quienes reciben jubilaciones de más de $2,3 millones en momentos en que el promedio de las pensiones apenas supera los $260 mil.
Según confirmaron a nuestro medio fuentes del Ejecutivo, ambos indultos ya fueron cursados y beneficiarían a Raúl Rojas Nieto y Víctor Mattig Guzman quienes fueron recluidos en 2017 y 2018, respectivamente.
Los senadores de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta rechazaron la idea de legislar el proyecto. En la sesión el Ministerio de Justicia admitió que 14 de 33 personas aptas para sustituir sus penas son criminales de lesa humanidad.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y abogados de DDHH, se oponen a la adopción de beneficios carcelarios a los condenados por crímenes de lesa humanidad
En el contexto del debate sobre el indulto conmutativo a reos de Punta Peuco, el senador del PRO sostuvo que “el apoyo del director de Human Right Watch a Piñera es el ticket de salida para los amigos de Krassnoff”.
“Tienen derecho a una muerte con dignidad”, dijo durante una entrevista con la Asociación Regional de Canales de Televisión (Arcatel).
Un documento de 29 páginas detalla, entre otras cosas, que los condenados de dicho recinto penal padecen de enfermedades que acrecentarían aún más su condición de población de riesgo.
La institución penitenciaria reconoció que emitió oficios para informar del cambio en los requisitos para acceder a la libertad condicional, pero esas “directrices no fueron seguidas en algunos casos particulares”. Por lo mismo, anunciaron una investigación para perseguir responsabilidades administrativas.
El abogado Raúl Meza llegó hasta el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en representación de 70 reos de Punta Peuco, a pedir una intervención del organismo por las irregularidades y falencias detectadas en el penal en el informe emanado de la Contraloría General de la República.
El reciente fallecimiento de Ana González pone en el tapete una realidad tan común como burlesca: tras años de búsqueda de sus seres queridos, quienes perdieron a los suyos en dictadura terminan encontrando a la muerte y no a sus cercanos asesinados.
Los votos a favor fueron emitidos por los mismos magistrados que fueron acusados constitucionalmente en el Congreso Nacional.
