El abogado de DD.HH. celebró la decisión del Gobierno de poner fin al estatus especial del penal. Además, descartó que una eventual segregación o aumento de plazas en el recinto signifique la afectación de garantías constitucionales de los reos.
El polémico recinto penitenciario será renombrado ahora como Nuevo Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil, penal que había sido creado para violadores de los Derechos Humanos, y que ahora pasará a ser un establecimiento común.
Ante la advertencia de la presidenciable de Chile Vamos en cuanto a “revertir” la decisión sobre el recinto, la vocera (s) Aisén Etcheverry respondió que una vez más la candidata se puso en el lado “equivocado en materia de derechos humanos”.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile abordó el simbolismo tras la decisión, pero también la tardanza de años. “Era, de alguna forma, seguir revictimizando a los familiares de las víctimas”, sostuvo.
La Segunda Sala del máximo tribunal en fallo unánime decidió revocar la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó a Gendarmería contratar médico de planta y contar con ambulancia en el penal.
Parlamentarios oficialistas anunciaron que enviarán una carta al Presidente Boric para que reconsidere cerrar el recinto penitenciario que alberga a presidiarios que cometieron crímenes de lesa humanidad. “Esta cárcel profundiza la impunidad”, dicen.
La exmandataria intentó materializar, sin éxito, el fin del complejo penitenciario durante su segundo gobierno. Este miércoles, el ministro de Justicia, Luis Cordero, volvió a descartar la medida, argumentando “sobrepoblación”.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, envió un oficio a la Cámara de Diputadas y Diputados donde argumenta la “situación de sobrepoblación” en establecimientos penales.
La iniciativa de oposición fue aprobada este lunes por la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. En la práctica, la legislación beneficiaría a 325 reos mayores de 75 años, de los cuales, 246 están condenados por crímenes de lesa humanidad.
La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó la solicitud del exmilitar, quien argumentó que “su condición etaria y de salud” eran incompatibles con la cárcel. Iturriaga cumple condenas por secuestro, homicidio, torturas, entre otros delitos.
A través de una carta, un grupo de exagentes de la dictadura reconocieron los atropellos cometidos en el régimen encabezado por Augusto Pinochet. “Hemos esperado 33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes”, agregan.
La diputada recordó el rol que jugó el exmandatario exigiendo el regreso de Augusto Pinochet cuando estaba detenido en Londres o también la declaración de guerra que realizó durante el estallido social.
El grupo, liderado por el diputado Juan Santana, instó al Ejecutivo a dar una señal a días de que se cumplan los 50 años del Golpe de Estado y confirmó la realización de una sesión especial esta semana en el Congreso con motivo de repensar el penal.
Jaime Campos, extitular de la cartera de Justicia durante el mandato de Michelle Bachelet, afirmó que “su firma habría implicado una transgresión a la Constitución y la ley”.
Sobre la posibilidad de una nueva candidatura presidencial, la ex mandataria espera “no estar ante ese dilema, porque creo que a la democracia le hace bien renovarse”.
El presidente del máximo tribunal, Juan Eduardo Fuentes y el ministro Leopoldo Llanos, expusieron ante el Consejo Constituyente donde explicaron que acceder a este beneficio sería contravenir acuerdos internacionales suscritos por Chile.
“Creemos que nuestro Gobierno tiene la facultad para hacer los traslados. Si en algún momento el ex presidente Sebastián Piñera lo planteó, creo que en estas circunstancias se debe hacer”, dijo la legisladora.
