La acción se basa en que el asesinato de Francisco Martínez fue posible debido a la omisión, de parte de las autoridades de Gobierno, del cumplimiento de las recomendaciones que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ACNUDH) formuló en su Informe emitido el 13 de Diciembre de 2019.
En entrevista con nuestro medio, el ex militante del MIR -quien enfrenta una querella por Ley de Seguridad del Estado por supuestamente haber “incitado a la subversión del orden público”- aseguró que sus dichos fueron sacados de contexto por el Ejecutivo con el único fin de atemorizar a quienes exigen libertad a los presos políticos y solidarizan con el pueblo mapuche.
El uniformado asegura que cumplió con los protocolos durante el operativo policial al interior de un centro del Servicio Nacional de Menores y que los disparos los realizó luego de haber sido atacado por un grupo de menores de edad que la causaron lesiones leves.
Un grupo de comunidades mapuche advirtieron a La Moneda, a través de una carta, que comenzarán un proceso de recuperación de tierras ancestrales, ante lo cual el ministro del Interior, Víctor Pérez, anunció querellas bajo la Ley de Seguridad del Estado.
A través de una declaración, desde el organismo manifestaron que “se acordó intervenir en la causa penal que se sigue en contra del Senador Manuel José Ossandón, y en contra de quienes resulten responsables, a través de una querella por el delito de tráfico de influencias”
El organismo decidió este lunes ampliar la acción judicial que además apunta al representante de la Organización Mundial de la Salud en Chile, Fernando Leanes.
La acción fue interpuesta por el abogado Carlos Margotta en contra de distintas autoridades de Gobierno por “mutilación” y “lesiones graves” por parte de personal militar hacia un hombre que se dirigía camino a su casa en la intersección de las avenidas Grecia y Tobalaba.
A través de una declaración pública, el nuevo ministro de Salud negó tajantemente las acusaciones de un trabajador sexual.
La acción judicial fue interpuesta por la Comisión Chilena de Derechos Humanos en contra de contra todos quienes resulten responsables en los delitos de cohecho y prevaricación judicial.
La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, pidió al Gobierno ser “firmes” con respecto a las manifestaciones originadas este lunes en la comuna de El Bosque.
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló que esta actividad “es un reflejo de la estupidez humana”.
Carabineros defendió la acción de los uniformados implicados argumentando que antes de la golpiza a Patricio Bao, este propinó una patada a un funcionario.
En total son 16 querellas presentadas en contra de 32 personas, incluido el vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Víctor Chanfreau. En el caso de los dirigentes, se invocó la Ley de Seguridad del Estado.
La acción interpuesta por Unidad Social y la Comisión Chilena de DD.HH. se da luego de la decisión del intendente Metropolitano de implementar una estrategia de ‘copamiento’ en el que más de mil efectivos de Carabineros reprimieron cualquier indicio de manifestación.
El Intendente Metropolitano responsabilizó de los hechos a delincuentes que con sus “ataques buscan expulsar al Estado de los territorios”.
Para el Séptimo Juzgado de Garantía los hechos objeto de la querella se enmarcan en el “legítimo ejercicio de la libertad de expresión consagrada en la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales”.
La institución exigió el fin del uso “indiscriminado” de escopetas antimotines en las manifestaciones.
