Al concluir su visita a Coquimbo, el mandatario indicó que para nadie es un misterio su actitud frente al proceso. Esto mientras parlamentarios de oposición exigen fijar límites a la intervención del Ejecutivo ante el plebiscito de salida.
Gobernador regional, Gonzalo Rivas, sostuvo que no se puede dialogar con grupos que buscan aterrorizar a la zona y ponen en riesgo la vida de los habitantes y quienes transitan por el lugar.
“Espero que toda esta situación se aclare y para ello, como siempre, estaré dispuesto a cooperar en todo lo que requiera el Ministerio Público y los organismos pertinentes”, expresó la autoridad mediante un comunicado.
El gobernador consideró curioso que la acción judicial que realizó en su contra el ex ministro de Agricultura, Antonio Walker Prieto se enmarque en el arduo trabajo que la gobernación está llevando adelante para enfrentar las inequidades de la zona y las graves afecciones de la crisis hídrica. Esto sin perjuicio que es la justica quién deberá dirimir el caso, señaló.
Para el abogado patrocinante de la demanda, Luis Mariano Rendón, se debe esclarecer la eventual intencionalidad de las autoridades del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, así como las responsabilidades y la negligencia que cabría en el caso de la titular de esa repartición pública, Gloria Hutt.
El hecho ocurrió en 2015 cuando Luciano Debrott recibió el disparo de una bomba lacrimógena a 15 metros de distancia provocándole heridas y graves secuelas. Uno de los querellantes, el abogado Cristián Cruz, criticó la labor de la Fiscalía que prefirió desistir de la acción penal contra el oficial responsable del ataque.
Cristóbal Eyzaguirre, representante de las compañías, indicó que de aprobarse la iniciativa en el Congreso, los legisladores podrían ser acusados de daños y perjuicios. Una de las impulsoras de la propuesta, la diputada Alejandra Sepúlveda, calificó el hecho como un chantaje.
A través de una campaña, organizaciones de Colombia y Chile se unen para demandar a compañías que han convertido territorios en zonas de sacrificio privilegiando la actividad extractivista por la vida de las comunidades.
Las autoridades de la comuna puerto acordaron iniciar una auditoría respecto de los recursos faltantes, a lo que se suma la querella presentada esta semana por el actual alcalde Alí Manouchehri en contra de su antecesor, el DC Marcelo Pereira Peralta.
La entidad acusa a Héctor Espinoza de lavados de activos, malversación de fondos públicos y falsificación de instrumento público.
La acción presentada por el abogado Luis Mariano Rendón, en representación de Lorena Meneses y Juan Ignacio Naudon -candidatos a alcaldesa y concejal de La Cisterna, respectivamente- busca establecer responsabilidades por los presuntos delitos de negación de protección y cuasidelito de homicidio.
La acción judicial, interpuesta por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, también va dirigida en contra de Enrique Paris, Jaime Mañalich y Arturo Zuñiga.
La acción se basa en que el asesinato de Francisco Martínez fue posible debido a la omisión, de parte de las autoridades de Gobierno, del cumplimiento de las recomendaciones que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ACNUDH) formuló en su Informe emitido el 13 de Diciembre de 2019.
En entrevista con nuestro medio, el ex militante del MIR -quien enfrenta una querella por Ley de Seguridad del Estado por supuestamente haber “incitado a la subversión del orden público”- aseguró que sus dichos fueron sacados de contexto por el Ejecutivo con el único fin de atemorizar a quienes exigen libertad a los presos políticos y solidarizan con el pueblo mapuche.
El uniformado asegura que cumplió con los protocolos durante el operativo policial al interior de un centro del Servicio Nacional de Menores y que los disparos los realizó luego de haber sido atacado por un grupo de menores de edad que la causaron lesiones leves.
Un grupo de comunidades mapuche advirtieron a La Moneda, a través de una carta, que comenzarán un proceso de recuperación de tierras ancestrales, ante lo cual el ministro del Interior, Víctor Pérez, anunció querellas bajo la Ley de Seguridad del Estado.
A través de una declaración, desde el organismo manifestaron que “se acordó intervenir en la causa penal que se sigue en contra del Senador Manuel José Ossandón, y en contra de quienes resulten responsables, a través de una querella por el delito de tráfico de influencias”
