Distintos gremios de la agrupación manifestaron que el titular de Hacienda amenazó con no entregar el bono de término de negociación a aquellos que no aceptaran la última oferta, lo que finalmente ocurrió.
La última propuesta del Gobierno considera un reajuste del 2,8 por ciento para los funcionarios que ganen menos de 2 millones de pesos. Al respecto, el diputado PPD, Ricardo Celis, aseguró que tal oferta “es cero ganancia real”.
El Gobierno propone un reajuste escalonado y hasta los sueldos que llegan al 1.500.000 pesos. Los ingresos superiores a ese monto no experimentarían actualización.
Aunque algunos expertos en economía no respaldan el 8 por ciento nominal que negociaría el sector público con el Ejecutivo, el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, explicó que lo que se busca es “recuperar el poder adquisitivo” e integrar el concepto de “equidad”.
En tercer trámite constitucional, la Cámara de diputados despachó el proyecto que contempla un reajuste general de 3,5 por ciento a los trabajadores de la administración civil del Estado.
Luego de la reunión entre el ministro de Hacienda y los trece representantes de los gremios se llegó a un acuerdo para que lo sueldos del sector público sean actualizados en un 3,5%, lo que pondría fin al paro de los funcionarios públicos.
Nuevamente no se logró llegar a un acuerdo con el Gobierno y este miércoles los funcionarios continuarán con sus movilizaciones en todo el país.
Después de fallidas negociaciones con asesores de Gobierno por reajuste salarial y mejoras laborales, los 15 gremios que componen la mesa negociadora exigen una mejor propuesta por parte del Ejecutivo, además de la presencia de los ministros de Hacienda y Trabajo. Hoy, los funcionarios se encuentran en paro indefinido.
“Es legítimo que cualquier trabajador del sector público aspire a un reajuste mayor, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo ” manifestó el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg
El gobierno y algunos parlamentarios de oposición firmaron un protocolo de acuerdo por el reajuste del salario mínimo, por lo que la iniciativa ingresó con discusión inmediata a la comisión unida de Hacienda y Trabajo. En medio del ajetreo para sacar el proyecto cabe preguntarse, ¿cuál fue la posición de los trabajadores en el debate?
La presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa, manifestó la necesidad imperiosa de que se envíe un nuevo reajuste, ahora sin incremento automático. Mientras, el Gobierno está en plena negociación con parlamentarios opositores con el fin de llegar a un acuerdo previo en la iniciativa remuneracional.
La Cámara de Diputados rechazó el veto sustitutivo presentado por el Ejecutivo y luego no consiguió el quórum para ratificar un acuerdo anterior. El punto rechazado fue el mecanismo plurianual. El gobierno estudia el ingreso de un nuevo proyecto de ley.
El académico de la Universidad de Santiago, Dr. Gonzalo Martner, afirma que el argumento del ministro del Trabajo, que consideró “imposible” aumentar el monto a esta cifra, obedece a una razón más política que técnica, guiada por una postura pro empresarial y de corto plazo.
Hoy se presenta el proyecto en el Congreso. Desde la CUT ya conversan con la oposición para frenar la cifra del gobierno.
Después de una intensa negociación la Mesa del Sector Público logró un acuerdo con los ministros de Hacienda y Trabajo para alcanzar un 2,5% de reajuste salarial para los funcionarios del Estado. La resolución no contó con el acuerdo de todas las dirigencias. La Confusam y el Colegio de Profesores no firmaron el protocolo y apuntan a las militancias de las dirigencias de la ANEF y la CUT como una delas razones del pobre reajuste.
El Gobierno llegó a acuerdo con la mayoría de las organizaciones gremiales de la mesa del sector público, sin embargo los representantes del Magisterio de la Salud municipal calificaron el incremento de un 0.7 por ciento como mezquino e inaceptable.
Reajuste salarial y mejoras en las condiciones de trabajo de funcionarios a contrata y honorarios son los temas prioritarios a resolver entre Mesa del Sector Público y el Gobierno.
