El director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile sostuvo que la legislación aprobada en 2023 ha producido criterios judiciales dispares y que aún no existen datos suficientes para determinar si ha cumplido su objetivo de proteger a las policías.
Mientras el oficialismo busca que el proyecto respete las normas internacionales y los derechos humanos, la oposición pretende endurecer la iniciativa y eximir de responsabilidad civil a los uniformados.
La socióloga y académica de la Universidad de Santiago apuntó a la dificultad de legislar el proyecto de ley en tiempo electoral y aseguró que debería existir más tiempo para el debate. “Nos puede traer problemas en el futuro”, advirtió.
El presidente de la Cámara Alta, cuestionó además al Frente Amplio por acusar a la Fiscalía de realizar “espionaje político” en el caso ProCultura. “Es una irresponsabilidad”, remarcó.
La diputada Gazmuri lamentó que se haya avanzado en el proyecto “sin una proactividad del Ejecutivo”. Por su parte, la parlamentaria Castillo aseguró que el documento “difiere absolutamente de los estándares internacionales”.
La abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, tachó de “impresentable” la decisión de quitar la suma urgencia de la iniciativa. Mientras, el exsubsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, exigió centrar el debate en “criterios técnicos”.
La parlamentaria destacó que las Reglas del Uso de la Fuerza “son claves”. “Queremos policías profesionales, capaces, empáticos con la ciudadanía que está en problemas, duros con los delincuentes, pero no queremos Crespos”, aseveró.
La Cámara Alta despacho la iniciativa que busca regular las acciones de cuerpos policiales y militares durante sus intervenciones. Desde la oposición, además se rechazó la propuesta del Ejecutivo de generar grupos de especial protección.
“Queremos una ley equilibrada, que permita a las policías actuar frente a distintas circunstancias”, afirmó el integrante de la instancia parlamentaria y senador (DC), Iván Flores, sobre el proyecto de ley que continuará su trámite legislativo.
La parlamentaria cuestionó la rapidez para legislar en los últimos días. Aunque reconoció la necesidad de actualizar la Ley Antiterrorista, entre otras, apuntó a la falta de tiempo para discutir de mejor manera en particular dicho proyecto.
Las indicaciones del proyecto especifican que las operaciones y procedimientos deberán, según sea el caso, contar con una planificación adecuada, proteger al personal, minimizar la necesidad de recurrir al uso de la fuerza y reducir daños.
La iniciativa fue aprobada con indicaciones del Ejecutivo. La norma distingue las diferencias entre las policías y las FF.AA., reconociendo que las últimas requieren de reglamentos más específicos para intervenir excepcionalmente en ciertos casos.
