El pleno de ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó iniciar una investigación sumaria administrativa en contra del ministro Carlos Farías Pino y del exministro Luis Sepúlveda Coronado, tras aparecer involucrados en la trama.
El suspendido conservador de Bienes Raíces realizó transferencias que suman $74,8 millones al destituido magistrado de la Corte de Apelaciones. Además, contrató a familiares de dos jueces que votaron por su nombramiento al asumir en Puente Alto.
El parlamentario tomó la decisión para evitar el “uso político” de esta situación contra el Partido Republicano. Esto, luego de que la Fiscalía iniciara una investigación para esclarecer los vínculos de Araya con el conservador Sergio Yáber
A raíz de los vínculos entre el conservador Sergio Yáber con el diputado Cristián Araya (PRep) y el senador Matías Walker (Demócratas), el abogado lamentó la “cultura institucional de impunidad” ante este tipo de actos.
El parlamentario catalogó al conservador de bienes raíces como “un operador judicial” en medio de la “trama donde Hermosilla era quien los lideraba”. Además, llamó al senador de Demócratas a entregar los antecedentes para la investigación en curso.
El parlamentario también se refirió a la trama Bielorrusa y los antecedentes que involucran al senador Matías Walker (Demócratas). “Lo hizo muy mal (…) así empiezan los gérmenes de la corrupción y la red de tráfico de influencia”, afirmó.
La acción judicial presentada por Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini solicita investigar posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y soborno, en el contexto de la acusación constitucional contra el exministro Antonio Ulloa.
El conservador y archivero de Puente Alto, involucrado en el caso Muñeca Bielorrusa, depositó dicha suma en la cuenta bancaria del parlamentario el 28 de mayo de 2024. “Se trató de un apoyo” para un viaje de su hijo, dijo el militante de Demócratas.
La investigación por un supuesto pago al parlamentario para perjudicar a figuras del PS abrió un nuevo flanco que alcanzó al entorno del presidenciable. Mientras el oficialismo le exige rigor a la Fiscalía, la derecha llamó a no adelantar juicios.
La revelación de CIPER sobre un pago de $1,7 millones asociado a Sergio Yáber reactivó tensiones en el Congreso. Mientras Araya niega las imputaciones, Manouchehri y Cicardini acusan una red que habría operado para dañar sus reputaciones.
Ciper reveló escuchas donde Sergio Yáber, imputado en el caso Muñeca Bielorrusa, operaba para rebajar la sanción del ministro Antonio Ulloa en la Suprema, diciendo: “Tenemos como seis o siete” votos.
