Complicados se han visto las autoridades en el Palacio de La Moneda al ser preguntados por los nuevos antecedentes relacionados a dos cuestionados operadores y recaudadores cercanos a la Nueva Mayoría: Giorgio Martelli Robba y Jorge Rosenblut Ratinoff. En este marco la Presidenta Michelle Bachelet firmó una Reforma Constitucional que establece la pérdida de cargos públicos por infringir las normas de gasto y transparencia electoral, mientras que el ministro del Interior Rodrigo Peñailillo continúa con la ronda de reuniones para abordar la agenda de Transparencia y Probidad.
En conversación con Radio Universidad de Chile, el miembro del Consejo Directivo del Servel indicó que esperan que el Parlamento permita fortalecer las atribuciones del Servicio Electoral para fiscalizar los aportes irregulares a las campañas políticas. Entre las propuestas, piden mayores facultades en investigación y, también, elevar las penas para los que incumplan la normativa.
Parlamentarios de la Democracia Cristiana presentaron un proyecto de ley para otorgarle autonomía constitucional al Servicio Electoral (Servel), en medio de los coletazos del caso Penta, por los que el organismo ha debido dar explicaciones por la fiscalización de los recursos y aportes económicos que los candidatos al Congreso recibieron en sus respectivas campañas políticas. El parlamentario de la Falange, Patricio Vallespín, sostiene que el contexto actual hace absolutamente necesario legislar sobre este tema.
Luego que se filtrara un borrador de proyecto de ley para normar el financiamiento de la política, surgen dudas respecto de algunos de sus puntos. Si bien existe consenso en la necesidad de terminar con los aportes reservados, existen reparos por una eventual inconstitucionalidad de otros aspectos como la propaganda electoral obligatoria en radios.
El director del servicio, Eduardo Charme, explicó que para hacerse parte de una investigación es necesario contar con denuncias concretas de parte de partidos políticos o candidatos independientes. A la vez informó de los tiempos perentorios que el Servel cuenta para iniciar dichas acciones.
El Presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel) dijo que sobre los eventuales nexos del caso Penta con el financiamiento de campañas políticas “tendrá que ser investigado por la justicia, habrá que determinar si existe algún problema tributario, si existe la falsificación ideológica, pero el Servel no puede confirmar ni dar seguridad de que se cometieron los hechos, ni tampoco que no se cometieron”.
La actual normativa legal hace posible que el financiamiento de la política tenga “donaciones” reservadas que favorecen a los grandes conglomerados políticos. El debate ha vuelto a estar presente por un posible fraude al fisco que tiene al grupo Penta bajo investigación, lo que derivó en relacionar campañas políticas con el financiamiento que aportan estas grandes empresas.
Luego de reunirse con el comité político ampliado del gremialismo, su presiente, Ernesto Silva, descartó objeciones del Servicio Electoral a las campañas de su partido, además de procesos judiciales o de Impuestos Internos en contra de sus miembros.
El abogado Eduardo Charme Aguirre asumirá como el nuevo Director del Servicio Electoral (Servel) y su llegada cierra un ciclo de dudas ante el futuro de la titularidad del organismo. Luego de varios meses con una Directora subrogante y un concurso desierto, se espera que con este paso se consolide una nueva etapa que incorpore modernización y una eficiente implementación de los cambios que experimentará el sistema, como voto en el extranjero y revisión de gasto electoral.
Se trata del primer Director elegido por el Consejo Directivo del Servicio Electoral.
La entidad se reunió el pasado martes con los secretarios generales de los partidos para tratar temas del Servicio y además expresar su preocupación por la mala evaluación que obtuvieron las colectividades en la materia. Desde los conglomerados afirman que se cumple con la ley y exigen mayor financiamiento desde el Estado.
Más allá del desafío tecnológico, los expertos aseguran que el problema principal para instaurar el voto electrónico en Chile sería la falta de credibilidad y conocimiento de la gente, para entender que hay detrás del sistema. Algunos escándalos relacionados con la filtración de información o la implementación de políticas públicas masivas harían desconfiar a la ciudadanía. Otros, aseguran que es un proceso que debe ocurrir y que es cosa de costumbre.
El ex candidato presidencial Alfredo Sfeir anunció que presentará su renuncia a este partido político, en medio de la polémica por las acusaciones cruzadas de fraude en el gasto electoral y también por las críticas que recibió desde la colectividad luego de su explícito apoyo en la segunda vuelta a la ahora Presidenta electa Michelle Bachelet.
El ex vocero del comando presidencial de Alfredo Sfeir, Israel Campusano, denunció ante la Brigada de Delitos Económicos de la PDI al presidente del Partido Ecologista Verde, Alejandro San Martín, y el administrador electoral de la colectividad, Leonardo Gutiérrez, por la presunta incorporación de “gastos fraudulentos de la colectividad en la rendición de gastos electorales presentadas ante el Servel”.
Las objeciones que realizó Servel a las cuentas de gastos presentadas por ex candidatos presidenciales develan deficiencias en la legislación chilena en torno a temas de transparencia y control del gasto público, además de agudizar la crisis de legitimidad de las instituciones del país.
El PRO, Igualdad, el MAS, Humanistas, Ecologistas y Liberales deberán buscar una serie de mecanismos para continuar funcionando como partidos legales, como la reinscripción del partido y sus militantes o fusiones con otras colectividades.
Junto con la investigación que se lleva a cabo para determinar las eventuales responsabilidades de los notarios Gloria Acharán y Roberto Mosquera que acreditaron la veracidad de las rúbricas, se suma el cuestionamiento en la recolección de las firmas.
