La iniciativa establece un plazo de 48 meses para cancelar las deudas generadas durante la pandemia de agua y electricidad. La norma que deberá ser revisada por la Cámara de Diputados no contempla el gas de cañería en la Región de Magallanes, algo que el senador Alejandro Navarro dijo deberá ser corregido durante el mandato del Presidente electo Gabriel Boric.
El Gobierno propondrá al Senado una salida para el problema de la acumulación de cuentas y que constaría de tres actores: “las compañías ponen una parte de la solución, las familias ponen otra parte y el Estado, a través de un subsidio, pone también una parte”, sostuvo el biministro Jobet.
El presidente de la Asociación de Municipios Libres, el alcalde de Cerro Navia Mauro Tamayo, pidió al Gobierno que ayude en la regularización de las deudas que tienen centenas de miles de familias que adeudan, en promedio, 345 mil pesos.
La medida sería ingresada la próxima semana, ya que la última extensión del plazo vence durante los primeros días de mayo. Desde la Conadecus, si bien valoraron la iniciativa señalaron que ésta no es suficiente, apuntando a un subsidio estatal en electricidad para las personas pertenecientes al 80% mas vulnerable del país.
Con 28 votos en contra del veto, siete a favor y 5 abstenciones, los legisladores rechazaron las modificaciones del Ejecutivo. Por u parte, la insistencia no alcanzó el quorum requerido (2/3), por lo que no pudo reponerse el proyecto del Congreso.
Las oposiciones y parte del oficialismo rechazan la medida, agravando aun más la delicada situación política que atraviesa el Ejecutivo.
En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, el vocero nacional de Modatima aseguró que existe un descontento creciente en la población a raíz del accionar de la administración de Sebastián Piñera. “Estamos en manos de un Gobierno profundamente criminal”, sentenció.
En conversación con nuestro medio, Mario Olavarría aseguró que la medida del Gobierno supone un riesgo político y social. “No va por la línea correcta salvo que saquen una medida rápida para apoyar a las familias”, agregó.
La iniciativa presentada por cinco legisladores de oposición busca reducir de 30 a 10 días el derecho a veto que tiene el presidente.
Sobre dicho veto, el diputado oficialista por La Araucanía manifestó que “va a ser muy mal recibido por la ciudadanía y no sé si va a ser aprobado”.
El beneficio debe ser pedido por los propios clientes a las compañías respectivas, en caso de tener los suministros cortados, se podrán reactivar sin costo alguno.
La medida busca ayudar al 40 por ciento de la población más vulnerable, entre quienes se encuentran adultos mayores, trabajadores independientes y trabajadores que cobren el seguro de cesantía.
