Desde la Asociación Nacional de Fiscales lamentaron que el servicio no tenga interés en la persecución penal de estos casos que han afectado la confianza pública.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Iván Eduardo Álvarez Díaz a 5 años de libertad vigilada por los delitos de cohecho pasivo, lavado de dinero y devoluciones de impuestos improcedentes.
Un oficio reservado dispone que aquellos casos donde existan irregularidades que hayan prescrito administrativamente, no se informen a la dirección del servicio para perseguir acciones penales. Los antecedentes fueron presentados a Contraloría por las ex funcionarias Marisa Navarrete y Paulina Carrasco.
Ex funcionarios del Servicio de Impuestos Internos denuncian falta de celeridad en los procesos investigativos que involucran a los casos de financiamiento irregular de campañas políticas. En particular, acusan los casos de los dineros que tienen relación con campañas de la Nueva Mayoría, presentan retrasos u omisiones en las querellas, lo que denota una decisión política que escapa de las atribuciones del Servicio y que favorece a los involucrados de la coalición de gobierno.
La normativa fue establecida por la Fiscalía Nacional. Según el documento el Servicio de Impuestos Internos tendrá un año para responder a los oficios que, cada tres meses, le enviará el Ministerio.
La entidad presentó tres querellas, dos están relacionadas con el caso SQM, involucrando a 10 personas, y la tercera se dirige contra cinco contribuyentes anteriormente querellados en el caso Penta.
La decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago complica el futuro de las investigaciones judiciales sobre financiamiento ilícito de la política debido a que el argumento de la prescripción puede ser utilizado por las defensas de otros inculpados.
El abogado representante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Pedro Orthusteguy, criticó la labor que ha tenido el servicio en la investigación de casos relacionados de corrupción y advierte que los procesos pueden terminar en la impunidad.
El fiscal a cargo de la investigación, Manuel Guerra, señaló que “vamos a formalizarlo tanto por hechos respecto de los cuales hay querella del SII, como también por hechos respecto de los cuales hasta el día de hoy no tenemos querella del Servicio”.
A propósito de la propuesta del ex contralor Ramiro Mendoza sobre generar una suerte de “amnistía” a imputados involucrados en financiamiento irregular de campañas políticas, el diputado PPD Jorge Tarud respondió a las declaraciones como “absolutamente inaceptables”, las cuales no serán aceptadas por los parlamentarios ni por la ciudadanía.
La meta del Gobierno con ocasión del lanzamiento de la Reforma Tributaria de 2014 era reducir la evasión del IVA hasta el histórico 14% de 2009. Sin embargo, las nuevas autoridades del SII pusieron la meta en un 20 por ciento, lo que los expertos en el área han calificado la nueva meta como “pobre” o “poco ambiciosa”, puesto que el IVA es el impuesto de más fácil fiscalización.
El ex presidente de la ANFP deberá presentarse el 10 de noviembre ante el organismo. De no asistir a la reunión, será sancionado de acuerdo al Código Tributario.
