El General Director de Carabineros, Mario Rozas, señaló que las investigaciones sumarias han confirmado la responsabilidad de funcionarios de la institución en una serie de hechos denunciados por organizaciones defensoras de los DD.HH.. Además, confirmó la conformación de una mesa de trabajo para modernizar a Carabineros.
El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, reconoció que la selección femenina de fútbol femenina arriesga una grave sanción luego que las jugadoras posaran con un cartel denunciando las violaciones a los DD.HH. cometidos en Chile.
En misivas presentadas este viernes en la sede de Gobierno y dirigidas al Presidente Sebastián Piñera, la instancia se opone tajantemente a la violencia ejercida por el Estado a través de Carabineros y Fuerzas Armadas.
La Premio Nobel de la Paz se reunió con el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos para interiorizarse respecto de las violaciones a los derechos fundamentales que se han cometido en nuestro país desde el estallido social del pasado 18 de octubre.
“Los hechos permiten tener por establecido legalmente que, con la finalidad de proceder a la eliminación física e imperceptible de opositores al régimen militar, se realizó una “operación especial de inteligencia” (…) produciéndose un deseo por la ingesta de alimentos contaminados con la denominada “toxina botulínica”, la que fue traído al país por el servicio público encargado de velar por la salud de la población”, se lee en la sentencia.
La abogada de Derechos Humanos fustigó las declaraciones del ministro de Justicia, donde impulsa la idea de otorgar la libertad a aquellos condenados por crímenes durante la dictadura y que presenten enfermedades terminales.
El diputado Hugo Gutiérrez (PC) se refirió a la dilatación del cierre del penal Punta Peuco, calificándolo como una “extorsión a la democracia”, y negó que no existan los recursos para trasladar a los internos a otro penal, que según el parlamentario, se encuentra construido en Colina. Acusó que los gobiernos de la postdictadura han cumplido un “pacto de privilegios” con las Fuerzas Armadas para “no molestar a la familia militar” en relación a las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en dictadura.
La muestra “Infancia en dictadura”, que estuvo hace unos meses en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, se repone en estos días, y se podrá ver hasta el 29 de octubre en la Biblioteca Nicanor Parra, Vergara 324 (Santiago / metro Los héroes). En paralelo, acompañando la muestra, una serie de actividades […]
26 años han pasado desde el fin de la dictadura cívico-militar y hasta el día de hoy son cientos de familias las que aún esperan justicia y reparación frente a las violaciones a los Derechos Humanos. Como agravante, y a pesar de los discursos de los gobiernos en pos de lograr hacer justicia, permanecen resabios de la dictadura, como la vigencia del Decreto de Ley de Amnistía o la Justicia Militar, entre otras cosas, que alejan a la sociedad de conocer su verdad y determinar responsabilidades.
Sus cuestionamientos apuntan a que no existió voluntad de los magistrados para investigar a los civiles involucrados en violaciones a los Derechos Humanos, cometidas durante la dictadura empresario-militar que encabezó Augusto Pinochet.
Son más de 600 carpetas que la Justicia requirió al Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su rol de custodio y depositario, tal como lo establece la ley, lo que permitirá aclarar algunas de las 24 causas abiertas en la región, así como abrir nuevas investigaciones. Sin embargo, para acceder a los antecedentes de Valech I, se requiere de una reforma legal.
Según el veredicto de la Corte Suprema 18 funcionarios de las Fuerzas Armadas y Aéreas habrían cometido detenciones y torturas entre julio y agosto de 1973.
