Se trata de varios encuentros donde se busca profundizar sobre las razones que llevaron a las masivas movilizaciones durante el denominado estallido social de 2019. La inauguración se realizará en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile.
La cientista política y académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile aseguró que ha existido un proceso resignificación del estallido social, que comenzó durante el trabajo de la Convención Constitucional.
El parlamentario presidió la Comisión Especial Investigadora que evacuó un informe estableciendo una serie de irregularidades de parte de organismos públicos, que derivan hoy en la falta de resolución del caso.
El expresidente de la Cámara de Diputados y Diputadas en el momento de las movilizaciones aseguró que demandas que se levantaron entonces siguen aún vigentes. “Se equivocan quienes solo se quedan con ribetes delictuales”, dijo.
El preso emblemático del 18-O fue condenado a diez años y un día por homicidio frustrado y lanzamiento de artefacto incendiario tras un proceso investigativo que, desde organizaciones de madres y derechos humanos, califican como “irregular”.
La diputada y ex presidenta de la FECH indicó que “mientras la política no atienda esta demanda, mientras la derecha se siga negando a avanzar en cuestiones como la reforma de pensiones, ese malestar va a seguir ahí, acumulando rabia”.
La parlamentaria recordó los días de la revuelta en que se dirigía a su trabajo cuando fue impactada por una bomba lacrimógena ejecutada por Carabineros, quedando sin visión, gusto y olfato.
Expertos y parlamentarios consultados por nuestro medio coincidieron en que la reforma ya no es parte del debate público: “No estamos caminando hacia contar con policías civiles y democráticas”, dijo la académica Alejandra Mohor.
El director de Amnistía Internacional Chile criticó a quienes buscan criminalizar las movilizaciones sociales que se iniciaron en 2019, así como a los tribunales y a los altos mandos de Carabineros que han eludido su responsabilidad en esos hechos.
Consultados por Radio y Diario Universidad de Chile, dirigentes y expertos en derechos humanos criticaron la ausencia de una reparación integral y también las limitaciones de programas en curso, como el Plan PACTO.
El legislador (PC) cuestionó que a casi cuatro años de los hechos, aún el Estado no entregue una compensación a quienes fueron víctimas de la violencia durante las manifestaciones. Además, valoró el trabajo de quienes asistieron a los heridos.
El uniformado fue protagonista de una serie de hechos de violencia contra manifestantes entre octubre y diciembre de 2019, entre ellos un joven al que disparó un escopetazo en la espalda una vez detenido en el centro de la ciudad puerto.
