Más de la mitad de los casos corresponderían a beneficios entregados durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, mientras que seis fueron otorgados durante el mandato de Sebastián Piñera.
A pesar de las deficiencias del proceso liderado por el Ministerio del Interior y el INDH, la vicepresidenta ejecutiva de las comisiones Valech cree que no están las condiciones para acreditar las violaciones de DDHH ocurridas en el 2019.
De todas maneras, el consejero del organismo reconoció que la calidad de los antecedentes aportados debe ser revisada. “Eso es lo que hay que determinar a través de la investigación sumaria que solicitó Contraloría”, indicó.
El subsecretario del Interior explicó la situación de los 19 casos que no presentaban antecedentes médicos: “Toda esa información no la pide el Ministerio del Interior directamente a los afectados (…) esos los solicita el INDH”.
El líder PC se retractó de sus dichos, luego de respaldar a la diputada María Candelaria Acevedo, quien advirtió concurrir a la justicia en medio del debate sobre la entrega del beneficio. “No es un tema que esté planteado en nuestra cabeza”, dijo.
La organización manifestó su preocupación ante las presiones a los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong en medio de la investigación al Alto Mando de Carabineros por delitos de lesa humanidad en el contexto del estallido social.
La abogada experta en derechos humanos afirmó que el cometer un delito, no le quita a las personas el derecho a ser reparadas por una vulneración. Además, advirtió que el actuar del Gobierno podría generar una contienda judicial.
La autoridad sostuvo que el beneficio puede dejarse sin efectos por razones de mérito, oportunidad y conveniencia. Además, dijo no tener “ninguna duda” de que el mandatario hará uso de su potestad “lo antes posible”.
Con esta resolución, se desestimaron los argumentos presentados por la defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Así, el persecutor regional Metropolitano Centro Norte “continuará al frente de la investigación del “Caso Alto Mando”.
Con todo, diputados de la instancia calificaron como “insuficientes” las indicaciones presentadas por el Gobierno. Por lo que instaron a las autoridades a reevaluarlas de cara a la próxima sesión del jueves y abrirse a los acuerdos.
En una carta las agrupaciones cuestionaron que la conducta del uniformado fue “de la máxima gravedad” en el marco del estallido social y lo acusaron de ser “partícipe de una acción criminal concertada desde el alto mando” de Carabineros.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó la necesidad de reconstruir este espacio no solo “como era antes, sino que también de mejorarlo y hacernos cargo de los problemas que ya tenía”.
La directora del Centro de DD.HH. de la U. Diego Portales destacó que sería un “traspié” que se concretara la inhabilitación de los fiscales a cargo de las causas por violaciones a los derechos humanos en el marco de las manifestaciones del 2019.
La decisión se da luego de cinco intentos sin éxito en que la fiscal Ximena Chong buscó tomar las declaraciones de Ricardo Yáñez. En la única oportunidad en que la autoridad policial aceptó entrevistarse usó su derecho a guardar silencio.
Diputados de RN repudiaron las pensiones de gracia que el Gobierno otorgó a condenados por hechos delictivos en contexto del estallido social. Los parlamentarios adelantaron que evaluarán las alternativas para revertir este beneficio.
Consultado respecto a la solicitud del director de Carabineros, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que este “tiene el derecho de hacer uso de los recursos judiciales que la ley y la Constitución le permite”.
La publicación presenta parte de un estudio centrado en analizar las consecuencias psicológicas y emocionales de las víctimas en el marco del estallido social, el que fue encabezado por el académico de la Universidad de Chile, Gonzalo Rojas.
