Este martes se realizó el panel virtual “Estallido social y derechos humanos: ¿dónde estamos? ¿hacia dónde vamos?”, en el que diversos actores sociales realizaron un balance del rol que ha jugado el Estado en esta materia desde la revuelta del 18 de octubre hasta hoy.
En entrevista con nuestro medio, el comisionado para Chile y titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joel Hernández, hizo un llamado al Estado chileno a redoblar los esfuerzos en torno a dar cumplimiento a las recomendaciones hechas por el organismo hace casi un año.
El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos se refirió al caso de Felipe Ávila Conejeros, reportero gráfico que resultó con un trauma ocular luego de recibir un proyectil en medio de las manifestaciones registradas el pasado viernes.
“Es super importante porque las argentinas han sido consistentes, inclaudicables en presentar una y otra vez ante el parlamento de su país la despenalización del aborto y la liberalización del castigo de las mujeres por hacer uso de su autonomía reproductiva”, señaló Maira.
“Quienes cometieron delitos comunes deben responder ante la ley, no puede haber un trato preferencial, especialmente si estamos hablando de delitos graves”, señaló José Miguel Vivanco.
Hasta ahora el gobierno británico se ha mantenido en observación respecto de los compromisos adquiridos por el gobierno de Chile en cuanto a implementar las recomendaciones de la ONU y de Human Rights Watch en sus misiones en nuestro país. Sin embargo, la inquietud de los parlamentarios por las continuas denuncias de brutalidad policial y violaciones las garantías fundamentales ya llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores que ha ordenado a la embajada monitoreo constante a la situación en Chile.
El académico de derechos humanos criticó el informe anual entregado por el Instituto de Derechos Humanos el cual, a su juicio, no entrega la visión global sobre las violaciones a los derechos fundamentales ocurridas en Chile en el último año. “Lo que se pierde cuando no tenemos un buen informe anual es mucho, no es sólo el INDH el que está en deuda, es el sistema de derechos humanos en Chile el que está en deuda”, aseguró.
Se estima que al año existen entre 370 mil y 520 mil abortos inseguros en Argentina, con cerca de 39 mil hospitalizaciones en centros de salud.
Para la presidenta de Londres 38, Erika Hennings, el fallo de Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago “constituye un retroceso enorme justamente cuando teníamos pequeños avances”.
La solicitud ingresada al ente fiscalizador busca determinar las responsabilidades funcionarias de los integrantes de las Unidades de Control del Orden Público (C.O.P), y en especial a los Jefes de Zona en los procedimientos policiales disuasivos de manifestaciones en Santiago y otras ciudades del país.
A pesar de que aquella tragedia reveló los peligros del hacinamiento y la desorganización de los penales, en la actualidad la situación sigue siendo similar. Por ello, en opinión de quienes conocen este caso y el sistema penal, es fundamental que el Estado reconozca que debe ser garante de derechos para las personas recluidas, indiferente cual haya sido su delito.
Entre ellos, destacan los ex DINA involucrados en la denominada ‘Operación Colombo’, quienes reciben jubilaciones de más de $2,3 millones en momentos en que el promedio de las pensiones apenas supera los $260 mil.
En una nueva versión de su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, la institución analizó la respuesta estatal al estallido social y la pandemia del Covid-19, enfatizando en la oportunidad que abre el proceso constituyente para el país.
“Carabineros de Chile, al llegar al portón de acceso, fueron impedidos de ingresar hasta el lugar para constatar la denuncia, tal cual ocurría en la década de 1990 cuando los antiguos jerarcas criminales, de nacionalidad alemana, impedían el acceso para capturar al pederasta Paul Schäfer”, denuncian desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) de la región del Maule.
En conversación con nuestro medio, la periodista y exmilitante del MIR, autora del libro ‘119 de nosotros’, señaló que el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que absolvió a los agentes de la DINA involucrados en la ‘Operación Colombo’ es “una nueva provocación” del Poder Judicial.
Entre los favorecidos por esta sentencia se encuentran exagentes como Pedro Espinoza, Miguel Krassnoff Martchenko, Ricardo Lawrence y Basclay Zapata.
La discusión que ha propuesto el Gobierno sobre si los atropellos cometidos por agentes del Estado en el contexto del estallido social fueron sistemáticos o no, de alguna manera ha desviado el foco de los hechos concretos: que existieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante ese período.
