La integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres criticó la filtración desde la Corte Suprema en este caso y el tratamiento informativo que se ha dado al tema. “Es completamente reprochable”, precisó.
La parlamentaria se reunió con la ministra del Interior, Carolina Tohá, a quien solicitó que interceda ante el presidente Gabriel Boric para abordar este planteamiento. “El Gobierno no debe perder el enfoque en materia de DDHH”, precisó.
Luego de la firma del convenio para la construcción del eje Alameda-Providencia, la parlamentaria y las organizaciones demandaron que el sitio sea preservado como un espacio de memoria de lo ocurrido durante el estallido social.
En noviembre de 2019 el policía concurrió al establecimiento a controlar una emergencia. Cuando se retiraba disparó perdigones, causando lesiones a las jóvenes. Paralelamente, está siendo investigado por homicidio frustrado.
La organización humanitaria destacó la decisión del gobierno del Presidente Gabriel Boric de abrir una representación diplomática, porque puede “permitir un avance en la situación de los derechos humanos por parte del pueblo palestino”.
El sindicato denunció prácticas antisindicales y la vulneración de la jornada laboral, pese a que la empresa recibió el sello del Ministerio del Trabajo sobre la jornada de 40 horas semanales.
Se trata de un ciudadano nacido en el centro de tortura y exterminio de la ESMA y apropiado durante la dictadura argentina (1976-1983). Es hijo de una pareja de militantes políticos secuestrados en 1977 y desde entonces desaparecidos.
“La violencia hacia la mujer y el femicidio deben tener penas justas y reparación para las víctimas y para sus familias”, señaló la organización.
El parlamentario informó la creación de una comisión investigadora sobre los hechos ocurridos durante el estallido social en el que aparecieron cinco cuerpos quemados y que hasta hoy se desconoce si hubo terceros involucrados.
Las y los legisladores de distintas bancadas pidieron mayor control de las fronteras para enfrentar el aumento de los delitos de connotación social y devolver la seguridad a la ciudadanía.
La vocera de Modatima cuestionó el rol del oficialismo que prefirió conversar con sectores que no tienen legitimidad, antes que con la ciudadanía.
Las entidades junto a organizaciones de migrantes entregaron una carta en la embajada en Santiago donde emplazan a las autoridades a regresar a las FF.AA. a sus cuarteles. La demanda fue compartida por Amnistía Internacional.
Para las y los académicos de la casa de estudios todavía estamos lejos de que esta sea una fecha para celebrar, debido a que aún hay mucho que mejorar respecto de la situación de las personas migrantes en el país.
La canciller afirmó que el Gobierno está alerta sobre la estabilidad democrática del país vecino, a raíz de las 15 personas que han resultado muertas en el marco de las protestas. En ello informó que son 350 los chilenos varados en Perú.
Pamela Pezoa manifestó que los comuneros en huelga de hambre se encuentran desarraigados, lejos de su familia y de sus comunidades, y la defensa no puede hacer su trabajo porque tiene que recorrer muchos kilómetros.
El dirigente nacional de Antrase, Hernán Olivi, señaló que en cualquier minuto puede quedar una “calamidad con la vida de los jóvenes y funcionarios” debido a una situación que fue denunciada en el mes de julio.
Karla Díaz, investigadora del “Protocolo de defensa para mujeres comunicadoras”, expuso que la población ha normalizado las violaciones a los derechos humanos tras décadas de represión por parte de agentes del Estado.
